En agosto, el segmento “Fletes y Seguros” demandó 87% menos de divisas en relación al año anterior y “Servicios Empresariales, profesionales y técnicos”, bajó 64%. El impacto de las restricciones en el comercio exterior

Con las últimas restricciones para acceder a dólares oficiales y la aplicación plena del Impuesto PAÍS sobre las importaciones la cuenta “Servicios” del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), redujo su déficit a u$s 412 millones en agosto, lo que refleja un 62% menor en relación al mismo mes del año anterior.

La contracara del dato que desde el BCRA se describe como “mejora”, es la situación de “parálisis” que atraviesa la autorización de pago de servicios al exterior que se canalizan a través del Sistema de Importaciones de Servicios de la República Argentina (SIRASE) y, según distintas fuentes empresarias, “no se aprueba ni una desde mayo”.

Cambios en la diaria

A diferencia de las aprobaciones en el Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA) que mantiene cierta dinámica, las denuncias por sobrefacturación en el sector de fletes pusieron en la mira a todo el sector y “bloquearon” las aprobaciones. La situación motivó reclamos de las principales cámaras empresarias vinculadas al comercio internacional.

El pago de fletes que se hace en dólares al exterior afecta principalmente a los importadores que, al no poder negociar con los distintos prestadores de servicios (forwarders) deben asumir el costo de la tarifa que fija el dueño de la mercadería en el exterior tanto en fletes como seguros.

También impacta, aunque en menor medida a los exportadores que, del mismo modo deben asumir los costos internacionales al contratar servicios marítimos para llegar con sus productos a destino.

Esta realidad compleja se ve soslayada por una caída en la actividad de comercio exterior de cerca de 30% según apuntaron desde AAACI. En consecuencia, por la menor demanda y el alza en los incumplimientos de contratos, las empresas dejan de operar en la Argentina.

“Resulta casi imposible encontrar espacio de cargas; las líneas no llegan“, agregó un despachante de aduana y señaló que existen casos de firmas con deudas de hasta u$s 6 millones en el exterior que “no figuran en ningún balance oficial” por la imposibilidad de acceder a dólares.

En este punto, si bien las empresas podrían acceder a dólares financieros para saldar sus compromisos, en caso de hacerlo, pierden la posibilidad de operar en el mercado oficial; por eso, aseguran que son pocas la firmas que optan por este recurso.

Desde que se implementó SIRASE, los exportadores deben cambiar la condición de pago de flete a “collect”, como imponen las navieras lo que implica que el comprador se tiene que hacer cargo del transporte.

Además, “que el exportador solicite una aprobación para el pago del servicio a la naviera del exterior es una solución que no se puede aplicar a la Pyme y que se dilata en forma indeterminada (los socios que han presentado SIRASE para el pago de fletes hasta el momento no han tenido aprobación)”, indicó la carta que envió CERA a Massa, junto a otras entidades como el Centro de Navegación, la Cámara de Importadores y el Centro Despachantes de Aduana, entre otras.

En el sector, los cuestionamientos son cada vez más duros. “Sorprende que desde mayo sin lógica ni pauta que avale la medida adoptada se haya afectado la regulación de SIRASE – el pago de fletes al exterior- condenando al comercio y a los agentes del comercio exterior en la república”, se quejó Julio Fonrouge, abogado del estudio JP O’Farrell.

Si bien, asume que existieron casos de fraude en operaciones también indican que “se sabe y se conoce” quién giró fondos de forma indebida. “Sin embargo se afectó todo“, explicó.

Por otro lado, también consideró “excesivamente llamativo” la situación de empresas “con más de 100 empleados y amplia actividad en el comex o incluso courier o forwarder que, sin ningún sustento, a partir de junio vieron su CEF -capacidad económica financiera- operativa en $1“.

Además, de los asociados al comercio exterior, también se ven afectados los servicios de marketing, publicidad, promoción en el exterior, profesionales e informáticos y los pagos de patentes.

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