Si bien en términos técnicos el “swap” es un intercambio de monedas entre bancos centrales de dos naciones, en los hechos se trata de una suerte de crédito comercial que, como tal, tiene un costo, que en este caso comprende la tasa Shibor (referencia de tasa interbancaria china) + 400 puntos básicos.
Pero además del costo económico, existe otro, más difícil de cuantificar, que es el costo soberano asociado a los condicionamientos aplicados por el Partido Comunista Chino a las naciones que, mendigando dinero, pasan a representar un instrumento útil para posicionar a la nación asiática como la nueva potencia emergente, la cual, al igual que la potencia imperante, tiene pretensiones colonialistas.
En la actual coyuntura un “swap” con China es un despropósito porque la nación gobernada por Xi Jinping es una “aspiradora” de dólares de la economía argentina. China nos vende mucho y nosotros a ellos muy poco.
Si la Argentina tuviese un gran superávit comercial con China la historia sería otra, porque los yuanes obtenidos por el “swap” se retornarían a partir de los ingresos genuinos generados por exportaciones. Es decir: esa suerte de “crédito” se pagaría con trabajo argentino.
Algo así es perfectamente factible porque China es un gran importador de productos agroindustriales y minerales y Argentina es un gran productor de ambos. Es un “match” de Tinder indiscutible en el ámbito de comercio internacional.
Pero para que ese “match” sea algo posible se necesita integrar ambas economías por medio de un acuerdo comercial, el cual promovería grandes oportunidades para algunos, al tiempo que generaría serias amenazas para aquellos acostumbrados a “cazar en el zoológico”, como es el caso de las empresas Mirgor (familia Caputo) y Newsan (familia Cherñajovsky).
A propósito de las ensambladoras de Tierra del Fuego, la ONG Fundar publicó recientemente un trabajo de investigación muy interesante al respecto, en el cual detalla que el régimen de promoción industrial vigente en esa provincia, que cumplió cincuenta años en 2022 y fue renovado por Alberto Fernández hasta 2038, tiene un costo fiscal anual superior a 1000 millones de dólares.
Pero eso no es todo, porque el mismo además empobrece a los argentinos que no pueden viajar al exterior –la inmensa mayoría– al tenerlos como rehenes de productos carísimos y, en muchos casos, tecnológicamente atrasados.
El trabajo de investigación, por ejemplo, determina –tomando datos del año 2021– que un teléfono celular importado con un costo de ingreso al país de 124 dólares termina con un costo mayorista, luego de pagar impuestos a la importación, de 218 dólares (sin IVA). En tanto, el “kit” del celular para ser ensamblado en el país ingresa con un costo de 121 y, luego del proceso de ensamblado, terminaba con un costo de 149 dólares; sin embargo, gracias a los beneficios fiscales (los impuestos que deberían pagar pero no pagan), el costo mayorista del celular ensamblado termina siendo de 141 dólares. Ese mismo disparate se repite con los demás artículos ensamblados en Tierra del Fuego.
Al establecer acuerdos de integración comercial con China y con las restantes naciones que tengan economías complementarias con la de Argentina –como Vietnam, Indonesia, Malasia, etcétera–, los argentinos podrían acceder a productos mucho mejores y más baratos, de manera tal de hacer rendir más sus magros salarios, al tiempo que se generarían oportunidades para desarrollar empresas competitivas orientadas a satisfacer la gigantesca demanda asiática.
Y los fueguinos podrían tener los incentivos necesarios para transformar a esa bellísima provincia en una ingente fuente de riqueza agropecuaria, acuícola, hidrocarburífera, turística y residencial.
En ese marco, un “swap” con China sería una gran noticia porque representaría una invitación para exportar más de lo que produce Argentina, generar más trabajo y crear más oportunidades. En las actuales circunstancias, en cambio, el “swap” tiene un costo altísimo, gran parte del cual aún, lamentablemente, no hemos visto.
Ezequiel Tambornini (Bichos de Campo)
