“Hay serios problemas de importación, no se puede cotizar un trabajo porque no se sabe con qué dólar se va a operar. No estamos en una fiesta como dijo De Mendiguren, es un problema macroeconómico. La culpa no es del Gobierno, el Estado ayuda con créditos”, aseguró a Letra P Hugo Orbregozo, titular del astillero necochense Aloncar. “Tenemos que comercializar barcos a valores competitivos, no puede ser que salga más barato construir en España que acá”, añadió.

Por su parte, el dueño del astillero SPI, Horacio Tettamanti, reconoció el trabajo de De Mendiguren “que otorga financiamiento, que reconoció los problemas serios que genera la imposibilidad de ingresar las partes y piezas para construir los barcos”, pero fue muy duro directamente con el presidente Alberto Fernández. “Para un capitán que no sabe a qué puerto dirigirse, ningún viento le es favorable”, lanzó. Tettamanti fue subsecretario de Puerto y Vías Navegables en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Memoria naval

El sector de la industria naval atraviesa una paradoja. Tiene la atención del Gobierno, que generó una mesa de diálogo -de donde surgieron los créditos- y que es consecuente y estricto, por ejemplo, para impedir la importación de embarcaciones pesqueras usadas, que compiten con ventaja contra las de fabricación nacional. Simultáneamente, siente que le sueltan la mano antes de llegar.

El sector recuerda con rencor que diez días después de su asunción como presidente, Mauricio Macri aprobó la importación de 25 buques remolcadores y que más tarde vetó 20 artículos de la actual ley de impulso a la industria naval. Consideran que la mutiló hasta transformarla en letra muerta. Para bien, recuerdan que fue Macri quien rubricó en febrero de 2019 el DNU 145 que fijó pautas para que la renovación de la flota pesquera se efectúe en astilleros locales.

Las tensiones involucran por igual a los dueños de los astilleros, que construyen los barcos, empresas como Contessi, De Angelis, SPI, Astillero Paraná Sur, Aloncar y a los armadores, que tienen las flotas pesqueras y sufren la distorsión de los presupuestos que recibieron cuando encargaron los barcos por la inflación. Entre estas firmas se encuentran Solimeno y Moscuzza de Mar del Plata y también toda la flota de armadores de Chubut.

Dos realidades

La industria naval atraviesa dos realidades. Quienes trabajan para las navieras que transportan por la Vía Navegable Troncal (VTN) del Paraná que siguen en el proceso de instalarse en Paraguay, la pérdida de la bandera implica menos trabajo nacional.

Sobre ese punto, Tettamanti es lapidario con las políticas nacionales. “No se puede pensar una industria naval argentina divorciada del complejo marítimo fluvial al que pertenece en forma sistémica con las vías navegables los puertos y la flota de bandera. El Gobierno no tiene ni plan ni estrategia geopolítica”.

La contracara de los astilleros de la hidrovía son las empresas que producen para el sector pesquero, donde los contratos se multiplican a raíz del crecimiento exponencial del langostino. La necesidad de reemplazo de barcos es sinónimo de demanda creciente. También el hundimiento de los pesqueros Rigel y Repunte en 2017 y 2018, con 20 marineros muertos, generó conciencia sobre la necesidad del recambio de flota.

Fuente: Letra P