La AFIP y el Gobierno implementaron cambios en el proceso de importación de servicios con el objetivo de mejorar el control y supervisión de las transacciones que se realizan en el extranjero, lo que generó un malestar mayor entre el empresariado
Según esta normativa, los solicitantes de pagos de servicios al extranjerodeberán completar una planilla con diversos requisitos en el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pago de Servicios al Exterior (SIRASE).
La medida pone en relieve las cada vez más restrictivas medidas a las importaciones para limitar el acceso a los dólares del Banco Central, ya que las empresas se enfrentan a mayores demoras e inconvenientes administrativos en la tramitación, especialmente desde la instauración del sistema SIRA.
Cabe destacar que, según un informe de la Unión Industrial Argentina, el 84,4% de las empresas señala una extensión en los plazos de espera para la aprobación de importación de materias primas.
A raíz de esta normativa, la AFIP revisará “la situación tributaria del contribuyente a partir de la información disponible en sus registros” y, “en caso de detectarse incumplimientos de sus obligaciones o irregularidades formales, el trámite iniciado quedará sin efecto“.
Luego, el organismo examinará la capacidad económico-financiera del sujeto a través del Sistema de Capacidad Económica Financiera (Sistema CEF). Posteriormente, el trámite se remitirá a la Secretaría de Comercio que analizará las presentaciones efectuadas en los sistemas de monitoreo y trazabilidad correspondientes.
El descontento del empresariado
La medida no fue bien recibida por algunos sectores empresariales que ya habían denunciado obstáculos y problemas con el sistema de importaciones. Sin embargo, uno de los cambios implica que ahora la AFIP y la Secretaría de Comercio están obligados a responder en un plazo máximo de 60 días naturales desde la carga de información.
No obstante, este plazo podrá extenderse hasta 120 días en función de la “complejidad” del caso.
“La SIRA y la SIRASE generaron un inconveniente al cambiar el sistema. Sin embargo, nosotros tenemos una mesa semanal con Desarrollo Productivo en la que se tratan casos de pymes que están en una situación cuello de botella”, comenzó explicando Alfredo González, presidente de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) en diálogo con PERFIL.
“Hay soluciones, pero no para todas las pequeñas y medianas empresas. Por eso desde CAME vamos a ayudar a que todas las pymes puedan presentar su previsión anual de importaciones para que el Gobierno cuente con esa información”, añadió el empresario.
“De 22.000 empresas que pidieron importación a través del sistema SIRA solamente 8.000 presentaron ese trabajo de previsibilidad de lo que van a importar durante todo el año. Esto se viene trabajando desde la entidad con el Gobierno”, señaló González.
“Estos cambios que implemento el Gobierno siguen generando trabas, pero también es cierto que han acortado los tiempos no solo de autorización sino de pagos de adelantos de importaciones”. “El diálogo con el Gobierno es continuo. La ventanilla está abierta constantemente”, aclaró.
El contexto de las pymes
El panorama actual de las pymes se ve agravado por la situación inflacionaria, según mencionó González. “La inflación restringe bastante el poder adquisitivo de la gente y eso complica bastante el consumo interno, ya que más del 75% de todo lo que se produce en el sector pyme es para consumo doméstico.”
“Ya se está sintiendo que en estos dos meses las ventas han caído 0,6% en distintos rubros, eso sin tener la medición de marzo. El gran problema argentino es la inflación”, lamentó el presidente de CAME.
LR