La Dirección General de Aduanas (DGA) optimizó los controles sobre las importaciones realizadas a través de servicios de correo privado (courier), a través de la resolución general 5190/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial
El Gobierno endureció los criterios para los envíos de mercadería comprada en forma online en el exterior, La dependencia de la AFIP modificó la normativa que regula este canal utilizado para ingresar mercadería al país por avión, de forma que se restringe la posibilidad de realizar maniobras fraudulentas.
La normativa especifica que el límite establecido para un mismo destinatario, fijado en US$ 3.000; 50 kilos y tres unidades iguales de la misma especie, regirá para cada vuelo.
- Actualmente, el régimen de pequeños envíos personales, sin fin comercial, establece hasta cinco de estos pedidos por año, en tanto que para los que tienen fin comercial no rige máximo anual alguno.
La norma busca evitar conductas distorsivas identificadas por la Aduana respecto de ciertos importadores que violaban el espíritu del régimen.
“Las maniobras identificadas desnaturalizan la finalidad para la que fue creada esta herramienta”, explicó la Aduana en un comunicado.
La dependencia de la AFIP realizó las denuncias correspondientes en aquellos casos donde se observó un accionar destinado a impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las facultades del servicio aduanero en el control del tránsito internacional de mercaderías.
La Aduana perfeccionó la norma para evitar que los operadores dividan sus encargos en un mismo vuelo para que cada envío no supere los US$ 3.000 y de esta manera excedan el monto máximo establecido.
“Las modificaciones buscan mantener las buenas prácticas del comercio exterior y proteger a los operadores del comercio exterior que cumplen las normas”, destacó el organismo.
El uso de servicios de courier fue creciendo en el último tiempo de la mano del aumento del comercio electrónico, pues se trata de una herramienta ágil que simplifica procesos y en los que la Aduana optimiza controles.
Fuente: El Economista
