Uno de los constantes reclamos que hace el campo es la eliminación de los derechos de exportación (comúnmente llamados retenciones), ya que desincentivan las inversiones en el sector y hacen perder competitividad a los productores, según se argumenta. Por eso, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó un cronograma de baja de las retenciones que, de acuerdo con el plazo en el que se llevará adelante el Plan Federal Agroindustrial, llegaría a su nivel más bajo para todos los cultivos en 2034, aunque para otros llegaría en un lapso de dos años.

Esto fue parte de la propuesta que más de 60 entidades miembros del CAA presentaron el miércoles pasado y busca generar US$100.000 millones anuales en exportaciones de los sectores agropecuario, forestal y pesquero entre 2023 y 2033. La cifra implica obtener US$39.044 millones más respecto de la situación actual.

El plan propone una estrategia progresiva cuyo impacto fiscal sea neutro desde la puesta en marcha, “con un programa de eliminación de los DEX [derechos de exportación] paulatino, llegando a eliminar el impuesto distorsivo en 10 años”.

En el caso del trigo y el maíz, cultivos que hoy pagan el 12%, proponen una reducción gradual de dos puntos por año que alcanzaría la meta del 0% en 2029. En el caso de la cebada, que hoy paga también el 12%, intentarán que la baja progresiva sea de tres puntos por año, hasta llegar al 0% en 2027.

También mencionaron que si bien existen mecanismos que, por un lado, incrementan el gasto fiscal y disminuyen los ingresos del Tesoro, a su vez producen un alivio fiscal para el sector privado. Entre estos están las bajas de los derechos de exportación y las reducciones y deducciones del impuesto a las ganancias.

El poroto de soja, que hoy tributa el 33%, recién llegaría al 0% en 2034. En ese cultivo, la reducción sería de 3% hasta alcanzar el objetivo de eliminación. En el girasol y el aceite, que tienen el 7%, la reducción sería del 4% para 2024 y 1% para 2025 hasta alcanzar el 0% el siguiente año; el mismo panorama se presentaría para la harina de trigo. En la harina y el aceite de soja, que pagan el 31%, llegarían al 0% recién en 2034. En tanto, en el biodiésel, que tiene un 30%, alcanzaría el 0% en 2033.

En el caso de las carnes bovina, aviar y de cerdo y los lácteos, que reportan un 9%, el nivel de los derechos de exportación bajaría tres puntos por año y quedaría en 0% en 2026. Para las economías regionales, el CAA propone que sean de 0% a partir de 2024.

Consenso con las entidades

La idea de la eliminación de los derechos de exportación, dijeron, fue consensuada con las cuatro entidades que representan la Mesa de Enlace, es decir, la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque aclararon que los ruralistas tienen la intención de que sea de aplicación automática.

Dentro del proyecto de ley que buscará impulsar el CAA y presentará por todo el país, “quedará establecido que ningún Poder Ejecutivo podrá modificar las alícuotas de los derechos de exportación a la suba, si antes no pasa por el Congreso nacional y que sea en esta instancia en la que se trate y/o apruebe”.

Según el plan, se han medido, principalmente, las variables de producción, empleo, exportaciones y fiscal. Los integrantes de las 61 entidades que conforman el CAA mencionaron que “el incremento de la producción, junto con la mayor formalidad de la actividad y empleo, y la creación de nuevos mercados, producen un mayor ingreso fiscal con motivo de la mayor actividad económica”.

Durante la presentación también aclararon que el proceso de consenso y armado del proyecto deberá inscribirse en una propuesta de un proyecto de ley. Es decir que la idea va más allá de la eliminación de los derechos de exportación, ya que el plan va a tener varios aspectos, entre los que está la eliminación de las restricciones al comercio exterior de productos agroalimentarios. Se apunta a que no haya más cupos a la carne vacuna, el maíz, el trigo y cualquier otro tipo de restricción.

A esto se le suma la eliminación de alrededor de 40 medidas burocráticas en las exportaciones, a través de la instrumentación de un sistema inteligente de digitalización.