Los operadores del comercio exterior argentino y los que realizan servicios de logística y transporte, nacional e internacional saben que, en un contexto de crisis de las reservas y de la economía en general, cada nueva norma que establece requisitos de “información” para mejorar las “estadísticas” de un sector particular y así “mejorar la toma de decisiones” no es una buena señal.

La resolución 173/23 del Ministerio de Transporte, que crea el Observatorio de Estudios y Estadísticas Portuarias con el objetivo de “asegurar la transparencia de los mercados” fue recibida con reparos en el sector marítimo y fluvial.

Qué y quiénes

La misma establece que los agentes marítimos, armadores marítimos y fluviales, de bandera nacional o extranjera, y las administraciones portuarias deberán elevar, cada mes, información de tarifas, rutas, frecuencias y calidad de servicio a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, ámbito de aplicación del Observatorio.

De esta manera, la cartera que administra Patricio Hogan, comenzará a sistematizar y monitorear esta información para crear “informes, estudios, índices y estadísticas” que permitan “mejorar el desempeño y la transparencia de la actividad portuaria”.

Entre los objetivos del Observatorio, por ejemplo, se cuenta la preparación de “índices de referencia en tarifas” y de todo tipo de indicadores que permitan revisar las prioridades del sistema “mediante esfuerzos coordinados con los ámbitos público, privado y no gubernamental, proporcionando las bases necesarias para la toma de decisiones en el sector”.

¿Fletes?

Desde el Centro de Navegación informaron a los socios que la medida “no abarcaría a los fletes, por cuanto los mismos no son regulados mediante tarifas, sino que se establecen como precios estipulados comercialmente en forma privada, conforme las reglas de libre mercado aplicadas al transporte por agua”.

Este punto es crucial: en los considerandos de la norma se remite al art. 14 del decreto 817/92, que desreguló la actividad, que “establece que los armadores estarán obligados a comunicar sus tarifas, rutas, frecuencias y calidad del servicio a la autoridad competente, y hacerlas públicas para asegurar la transparencia de los mercados”.

Un empresario naviero argentino explicó en off the record que “en 1992 se aplicaban tarifas fijas para servicios o rutas conferenciadas fuera de los acuerdos binacionales o donde intervenía ELMA o privados argentinos y la idea era desregular”.

“En la actualidad –continuó- los fletes se negocian de acuerdo a las variaciones del mercado, del tipo de carga, de la mayor o menor demanda, del peso o volumen de la mercadería, de clientes permanentes o embarques esporádicos o por única vez, de mercaderías de viaje directo o de transbordo, de las variaciones en los costos de combustible o portuarios, de la congestión y demora en los puertos, etc”.

La aplicabilidad de la norma entraría en un inconveniente porque, hoy, no existirían tarifas: “Hay fletes negociados en forma individual y en permanente variación. La norma es incumplible tal cómo está redactada (tiene más de treinta años) y cuando en época del Gobierno anterior se quiso aplicar fue un fracaso. Además la Aduana tiene información que podría procesarse para obtener información sobre los valores declarados. ¿Qué organismo tendría, en caso de reunirse los datos solicitados, la capacidad física y humana como para procesar toda la información solicitada?”, preguntó, tras dudar sobre los objetivos de la norma: “En los 90 se quería la transparencia y libre mercado. ¿Y ahora?”.

Contexto

Nuevamente, si se descontextualizara el espíritu de la resolución, estaríamos frente a una norma que busca ajustar un poco más la foto del sistema para “encarar” obras prioritarias y, eventualmente, evaluar subsidios donde fueran necesarios.

Pero la suspicacia en el ambiente no hace más que “contextualizar” a fondo los objetivos perseguidos por la resolución, y los ven funcionales a “otros ob en una situación donde ya no quedan dólares, el comercio está estancado, la sequía no traerá las divisas necesarias y la inflación hace estragos.

De hecho, las alarmas sonaron definitivamente cuando el texto advierte que el Observatorio “podrá coordinar canales de información con la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Aduana”.

Tal vez, la preocupación oficial gire en torno a asegurarse una manera de impedir maniobras como la sobrefacturación de fletes, una maniobra detectada por la Aduana en su política de control total de los dólares.

Por Emiliano Galli (Trade News)