Un artículo publicado en La Nación del 7 de marzo alude a que existen gestores que piden dinero a las empresas para facilitar las importaciones dificultadas por las medidas adoptadas por el Gobierno. Es una regla invariable la de que cuando el Estado controla desmedidamente una actividad, al mismo tiempo, paralelamente, facilita la corrupción de algunos empleados públicos y aparezcan los gestores, a veces también falsos y estafadores, que intermedian para eludir esos controles que ponen en práctica los Estados.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, funcionarios del Gobierno culpan a otros particulares, especialmente a los despachantes de aduana, viejos chivos expiatorios de todas las irregularidades en la Aduana y el comercio exterior. Si alguno o algunos de estos profesionales estuvieran involucrados en lo que es un verdadero delito deberán ser calificados y juzgados por la autoridad judicial que corresponda. El resto, es relato.

Entre tantos problemas que causa el SIRA hay uno que no es menor y que continuamente escuchamos los comentarios de los despachantes perjudicados: ante la demora en autorizar las importaciones en muchos casos se vence el plazo de validez de los certificados de origen. Por lo cual el importador se encuentra desamparado dado que no puede utilizar los beneficios que otorgan los acuerdos preferenciales.

El tema es muy antiguo. Ocurrieron comentarios similares a los actuales en la época de las DJNI o de las DJAI. Y, las medidas restrictivas seguirán siendo una fuente de corrupción en tanto los gobiernos establezcan severos regímenes condicionando el libre comercio o cualquier otra actividad lícita.

Carlos Canta Yoy (Todocomex)