El Gobierno intimó a las empresas a que liquiden divisas y las que no lo hagan no podrán acceder al mercado de cambios. Los detalles de la operación y cómo es el sistema de control. La cifra que se reclama equivale a un pago al FMI

En línea con las sanciones previstas en el Código Aduanero, las firmas podrán ser dadas de baja en el registro de exportadores e importadores, y puntualmente no se les aprobarán compras al exterior mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Así lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, anoche en una entrevista con C5N, y amplió ante El Cronista el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel.

“Aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina, pero a su vez importan y nos toman divisas desde el BCRA, no van a recibir aprobación de acceso al MULC hasta que no estén al día con sus liquidaciones“, declaró Massa.

De esta forma, los exportadores que no respeten los plazos que van de 10 días a 180 o 360 en casos puntuales, tendrán que usar sus propias divisas para realizar importaciones tanto de bienes como pago de servicios en el exterior a través de SIRASE.

Asimismo, Michel desarrolló ante este medio que en total son unos 3000 millones de dólares los que están pendientes de liquidar y que se computarán para el análisis de la Capacidad Económica Financiera (CEF) a la hora del acceso a las SIRA.

El monto equivale a más de una cuota de capital que la Argentina paga al Fondo Monetario Internacional (FMI), que suelen rondar los 2700 millones de dólares. De hecho, esa cifra fue la abonada el mes pasado con los Derechos Especiales de Giro (DEG) restantes y parte de los yuanes del swap con China; y entre el 31 de julio y el 1 de agosto se deberán pagar otros u$s 3500 millones, entre capital e intereses.

El “ordenamiento” del comercio exterior que procuró la gestión de Massa y Michel con las SIRA y el pase a Licencias No Automáticas (LNA) de cientos de posiciones arancelarias se ejecutó cuando detectaron que miles de empresas se stockearon el año pasado gracias a la brecha cambiaria, en lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner denunció como un “festival de importaciones“.

El control del comercio exterior se fue endureciendo por la caída de reservas y recaudación por la sequía y la brecha cambiaria, a partir de un eslabón clave en la información de distintos organismos que cruza el Sistema SIRA, la Capacidad Económica Financiera (CEF).

Esta “incógnita”, se calcula a partir de un conjunto de conceptos y variables que aporta el propio contribuyente mediante declaraciones juradas, ha sido estratégico a la hora de medir el respaldo de los distintos CUITs para responder frente a los pagos que se comprometen en el exterior. 

El peso de la regulación

De acuerdo a la normativa actual, el BCRA controla que las empresas cumplan con la liquidación de las exportaciones y cuando detecta atrasos inicia sumarios administrativos.

Mientras se instruyen esos trámites emite alertas a los organismos de control del Estado, que pueden derivar en la aplicación de suspensiones en registros de exportaciones o en la devolución de impuestos a las exportaciones (reintegros). 

Tras los anuncios y advertencias, si el atraso en la liquidación continúa, en el proceso sumarial se pueden aplicar en forma automática medidas cautelares que pueden llegar a no otorgar las SIRA a las empresas que buscan importar.

En ese sentido un fallo del Juzgado Federal N° 1 de Rosarioavaló la suspensión del CUIT de una empresa que demoró el ingreso de divisas de sus exportaciones.

En concreto, el mayor volumen de dólares sin declarar lo concentran unas 25 firmas dedicadas a diversas actividades económicas por u$s 1543 millones; entre ellas, se destaca Diaz & Forti con u$s 692,5 millones por liquidar; Vicentin, con u$s 89,5 millones; ACB Alimentos Coronel Baigorria, con u$s 76,9 millones y Extrugreen, con u$s 70,9 millones.

En general se trata de grandes compañías con “más espalda” financiera ya que “las pymes que exportamos necesitamos ingresar los dólares para pagar más insumos y salarios”, dijo a este medio un referente del sector industrial.

En ese sentido, un dirigente vinculado al sector agroexportador explicó que “por la incertidumbre que genera el riesgo de devaluación en el contexto electoral, las empresas prefieren resguardar sus ganancias en el exterior so pena de ser castigadas“.

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