Informe confeccionado por la Aduana descubre que a 2022 había más de u$s2.500 millones que estaban autorizados; ahora, solo u$s19 millones

Un informe confeccionado por la Dirección General de Aduanas (DGA-AFIP) reveló que entre el último trimestre del año pasado y el primero de 2023 se redujo la cantidad de medidas cautelares que beneficiaban a importadores para acceder a dólares a valor oficial para el ingreso de mercadería con Licencias No Automáticas, otorgadas por los tribunales. El cambio de tendencia también fue influido por el cambio de sistema y el reemplazo de las SIMI por las SIRA que, en este último caso, vienen acumulando fallos favorables a su implementación que el sistema anterior no cosechaba.
Cuando se produjo el desembarco de Guillermo Michel al frente de Aduanas, el stock de medidas judiciales en contra del “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” (SIMI) para el período 2021 y 2022 era de 3.146 medidas judiciales otorgadas por los tribunales del fuero Contencioso Administrativo Federal. Totalizaban autorizaciones para acceder a u$s2.521.777.234,27. En muchos casos no se utilizaban a pesar de haber justificado en la urgencia para el ingreso de mercadería.
En el camino, quedaron al descubierto maniobras que derivaron en denuncias penales, la mayor parte reveladas por Ámbito en distintas investigaciones que quedaron radicadas en el ámbito administrativo o en el penal económico: el “alquiler” de cautelares, en el cual una empresa -el caso Yoko SA- había obtenido una medida judicial a su favor y luego había “transferido” temporalemente el beneficio arguyendo un contrato de comercialización en apariencia antedatado para que un tercero obtuviera el beneficio del paraguas judicial para importar. El otro ejemplo citado en el informe es la ausencia del peligro de demora que, junto con la verosimilitud del derecho, son los requisitos indispensables para que la justicia otorgue la medida. El caso de Barpla SA donde se había argumentado “peligro de demora” ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, pero había logrado validar la salida de 39 SIMI (procedimientos para autorizar importaciones, en este caso de textiles) durante los años 2020 y 2021. Sin embargo, hasta el 16 de agosto pasado, había utilizado u$s21 millones. Le quedaba un margen superior a los u$s107 millones de libre disposición. Ante el escándalo, la empresa decidió desistir de la cautelar.
La tercera categoría de irregularidades halladas -que antes no tenían control de nadie- fue empresas que en apariencia no tenían relación entre sí que se “vendían” mercadería en zona primaria aduanera (es decir, no nacionalizada todavía). ¿El beneficio? Una de las dos tenía una cautelar y evitaban el pago de IVA y de Ingresos Brutos porque, en teoría, todavía no estaban ingresadas formalmente a la Argentina.Fuente: Ámbito Financiero

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