El Mercosur es un área de libre comercio que comercia muy poco entre sí. En efecto, el comercio intrabloque representa solamente el 14% del comercio total de la zona; cifra que es, a su vez, significativamente inferior al 30% del promedio global de comercio en acuerdos regionales de integración, según cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A la par, si bien el Mercosur depende en gran medida del comercio extrazona, sus niveles de arancelamiento externo son relativamente altos, elevando así los costos del comercio exterior. A ello se le añade, durante los últimos años, una marcada tendencia de reprimarización del bloque, acentuada debido a la creciente importancia de China como socio comercial de la región. De conjugar estas problemáticas (i.e., bajo nivel de comercio intrabloque + altos aranceles externos + reprimarización de exportaciones) se desprenden los debates contemporáneos con respecto a la dirección futura de la subregión.

Dentro de este marco es que se da la actual discusión sobre la flexibilización del bloque. Por un lado, emerge la propuesta, impulsada por Uruguay, de una “integración a distintas velocidades” que otorgue a las individualidades que componen el Mercosur un mayor margen decisorio respecto de sus políticas comerciales con terceras partes. A ello se le añade la demanda por la baja del arancel externo común (AEC) como herramienta para recuperar el dinamismo comercial del bloque, apoyada por Brasil y Uruguay. Por otra parte, socios como Argentina y Paraguay remarcan que la reducción del AEC podría resultar perjudicial para los sectores industriales y agroindustriales si no se la aproxima de una manera gradual y escalonada, a la vez que abogan por mantener una visión de conjunto con respecto a las negociaciones con socios extrarregionales.

Actualmente, el AEC promedio del Mercosur es de 12,5%, y en algunos casos alcanza el 35%. En comparación, el nivel de arancelamiento promedio a nivel mundial es de 9%, según datos de la OMC. No obstante, la aplicación de este arancel está plagada de excepciones y prórrogas. Entonces, si la flexibilización es norma en la práctica, ¿por qué el actual debate por la flexibilización formal genera tantas rispideces al interior del bloque? Sobre ello puede afirmarse que el costo de abandonar la unión aduanera, al menos a nivel formal, trasciende el plano económico-comercial para resignificar al Mercosur en lo simbólico-discursivo. En efecto, el tránsito hacia una modalidad más flexible conllevaría en cierta medida el abandono de un proyecto de vocación estratégica común, “bajándole el precio” a la identidad del bloque. Con ello, se concibe que romper con el statu quo mercosureño podría acarrear efectos negativos en otros ámbitos de cooperación intrarregional, como salud, educación, infraestructura y turismo, entre otras áreas.

La actual impasse del Mercosur puede ser leída de tres maneras diferentes. Primero, como muestra del estancamiento del bloque en un equilibrio de baja cooperación, en el que se propicie la integración a nivel discursivo pero no se avance en una real integración en la práctica. Segundo, como el inicio del fin de un bloque que hace bastante tiempo ha dejado de ser funcional al modelo de desarrollo de sus miembros. Tercero, como una ventana de oportunidad para repensar el bloque y profundizar la integración, buscando explotar las ventajas comparativas regionales, avanzar en la unificación de estándares y normativas, y en la creación de cadenas regionales de valor. En última instancia, el camino futuro que tome el bloque en la próxima década dependerá, en gran medida, de la orientación político-ideológica de quienes presidan sus países miembros en los próximos años, y del rol que otorguen a la región dentro del modelo de desarrollo que propugnen para sus sociedades. En otras palabras, la dirección futura del bloque dependerá de cómo logren consensuarse (o no) las distintas visiones del para qué es necesario un Mercosur.

Carolina Zaccato

* Miembro de la Red de Politólogas. Candidata doctoral en Relaciones Internacionales, docente e investigadora del Centre for Global Law and Governance de la University of St. Andrews, Reino Unido.

Fuente: Perfil

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