Las naciones del Mercosur y Bolivia admiten que existe un servicio prestado por la Argentina
Luego de aceptar el cobro, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay empezaron a discutir con el Gobierno el monto del peaje a las embarcaciones que se trasladen por la Hidrovía Paraguay- Paraná.
El parlamentario del Mercosur por Argentina, Alejandro Karlen, fue anfitrión de una reunión en la que funcionarios nacionales, diplomáticos y gremialistas nacionales organizaron una recorrida por el río Paraná. De la reunión de trabajo celebrada, participaron Gabriel Fuks, subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería; Patricio Hogan, subsecretario de Vías Navegables; José Beni, interventor Administrador General de Puertos (AGP); el embajador en Paraguay, Domingo Peppo; Nicolás Rebok, director de Coordinación de las Comisiones Binacionales Vinculadas a la Cuenca del Plata y Héctor Rojas, de la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina.
El jefe de la representación nacional en el Paraguay, Domingo Peppo, programó actividades en relación a la hidrovía, en las que se recorrió desde la confluencia hasta la zona que se está reclamando, que incluye el Puente General Belgrano, los balizamientos y el esquema de dragados.
La Hidrovía Paraguay- Paraná es la más importante vía fluvial del Mercosur, que conecta los puertos de la región del Gran Rosario en Argentina con el océano Atlántico a través del río Paraná y el río de la Plata. También permite la conexión Paraguay, Bolivia y Brasil. Históricamente, hubo negociaciones sobre la gestión y el mantenimiento de esta hidrovía entre los países involucrados. Algunos de los temas incluyen tarifas, dragado y aspectos medioambientales.
Conflicto extenso
A comienzos de septiembre, los cuatro gobiernos dieron a conocer un comunicado conjunto en que “lamentan las medidas impuestas por la República Argentina que restringen la navegación en la Hidrovía Paraguay- Paraná“. En ese sentido, criticaron la aplicación de un peaje supuestamente unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes.
Asimismo, indicaron que, a pesar de los cuestionamientos presentados, la Argentina continúa impulsando medidas de esta naturaleza que, en este caso, significó una orden de embargo e interdicción de salida de una barcaza cargada y lista para zarpar, con base a la pretensión de cobro del referido peaje.
Los cuatro países de la Cuenca del Plata expresaron “especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y que puede afectar el precio de dicho insumo”, en alusión a Paraguay, país de donde proviene la referida barcaza.
Esa situación, continuaron, representa una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral. Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay resaltaron “la importancia de mancomunar esfuerzos para facilitar el transporte comercial, favorecer el desarrollo y eficiencia de la navegación, así como la institucionalidad del sistema de la Hidrovía”. También reiteraron el pedido a la Argentina para que suspenda la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2002 del Ministerio de Transporte, que establece el cobro de USD1,47 por tonelada de registro neto (TRN) para el transporte internacional y de cabotaje para el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia.
Por último, solicitaron a la Argentina que adopte “las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito y se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas a la navegación hasta tanto se resuelva la controversia en el ámbito intergubernamental de la Hidrovía”.
