Guillermo Michel, hombre fuerte en la política de importaciones, se mantiene “por ahora” en el nuevo gobierno; cómo funciona un sistema que fue foco de denuncias y quejas empresariales

Javier Milei asumirá el Gobierno con una de las espadas más importantes de Sergio Massa a cargo de la Aduana. Se trata de Guillermo Michel que, según fuentes de La Libertad Avanza, continuará al mando del organismo ante la falta de un reemplazante definitivo. Al igual que otras figuras relevantes del massismo, como Marco Lavagna y Flavia Royón, existió un sondeo para que se quede de manera permanente. No habría aceptado, “por ahora”, de acuerdo con su entorno. Fuentes cercanas a Massa aseguraron que el tigrense dio el visto bueno e incentivó a que tome el lugar.

Michel cumplió un rol primordial en la política económica de Massa, contraria en puntos fundamentales a la que propone Milei. No solamente fue el encargado de sus funciones primarias de control de las mercaderías que ingresan y egresan del país, sino que tuvo a cargo las negociaciones con las empresas por aprobación de autorización de importaciones e, informalmente, del freno a la sangría de reservas del Banco Central. Michel, además, tuvo un rol primario en los allanamientos a las cuevas de la City porteña que buscaron intervenir el mercado informal a cuenta de detener las disparadas del dólar blue.

Durante el último año se modificaron múltiples regulaciones para achicar el embudo de la aprobación de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). En el proceso, se le dio mayor predominancia a la Aduana en la habilitación de estos instrumentos y se puso como condición a las empresas participar del programa Precios Justos para poder acceder a los insumos del exterior que requirieran. En este momento, Michel adquirió otra responsabilidad primordial. En agosto, Matías Tombolini fue prácticamente desplazado de su función como secretario de Comercio y reemplazado por Michel en la negociación con el sector privado. Esto se plasmó en normativa. El 14 de ese mes se creó una unidad especial a tal fin, por resolución del Ministerio, encabezada por el titular de la Aduana, pese a que no está entre las incumbencias del área.

Guillermo Michel entregó hoy donaciones en Concordia, Entre Ríos (provincia de la que es oriundo y en la que hace carrera política)

Es la segunda vez que Michel gestiona la Aduana. Anteriormente, llegó al organismo de la mano de Ricardo Echegaray, condenado a prisión e inhabilitado para el ejercicio de la función pública por corrupción. Uno de los hombres de confianza de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, con el que Michel compartió gestión, también fue encontrado culpable este año tras considerar probado que apretaba a empresarios aprovechándose de su función para cobrarles coimas millonarias.

La “familia aduanera” es lo que en la jerga se conoce a las personas que forman parte del organismo hace décadas, que adquieren y pierden relevancia en el organigrama de acuerdo a los tiempos políticos. Poco después de asumir la dirección en junio del año pasado, Michel eliminó el sistema SIMI y lo reemplazó por el de las SIRA, que desde su concepción estuvo en la mira ante la sospecha de que implicaba mayor discrecionalidad en el procedimiento de aprobación.

Poco tiempo después, rearmó los equipos, lo que se vio en movimientos de designaciones en el Boletín Oficial y otorgó mayor importancia a algunas figuras que ya conocía en acuerdo con Supara, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina, comandado por Carlos Sueiro desde finales de 1983.

Un mar de suspicacias

El ministro Sergio Massa en el despacho de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, acompañado por Carlos Castagneto (AFIP) y Guillermo Michel (Aduana)

Alrededor de las SIRA surgieron decenas de sospechas de pedido de sobornos, información que trascendió con tanta fuerza que el propio Ministerio de Economía tomó la posta en realizar una denuncia asegurando que se debía a una red delictiva de operadores y despachantes de aduana que lo estaban haciendo por su cuenta. Sin embargo, esa denuncia, que fue radicada en el juzgado de Julián Ercolini, se encuentra ahora archivada. Las investigaciones derivaron en la detención de una sola persona que se hacía pasar por un importante gestor que tenía supuestos vínculos con funcionarios de relevancia. Buscaba engañar a Pymes solicitándoles un 15% del valor de la mercadería que querían importar. Luego de que sea imputado con estafa menor, fue liberado. No se probó la existencia de una red delictiva que explique las múltiples denuncias que se realizaban en privado, en las cámaras empresariales y en las oficinas de la Secretaría de Comercio.

Hubo más reclamos en la Justicia. Según fuentes del Poder Judicial, dos empresas denunciaron pedidos de sobornos, pero nunca se presentaron frente al fiscal, por lo que las causas se archivaron. También hubo una hecha contra Tombolini, formulada por miembros de la Coalición Cívica que, de acuerdo con información proveniente del partido “se instruyó y murió”. Personas allegadas al caso explicaron que se debió a la falta de pruebas. LA NACION consultó a múltiples dependencias si existen otros procesos iniciados, pero no recibió respuesta. Fuentes de la Aduana aclararon que Michel no fue citado por ninguna causa y no se han iniciado sumarios internos en el organismo.

En la Justicia creen que todavía no hay denuncias serias formuladas contra los funcionarios sospechados debido a que si hubo empresas que pagaron también habrían incurrido en un delito (el de cohecho). Por ello, no hay incentivo a que se concreten reclamos formales. Una alta fuente del Poder Judicial dijo: “Están muy complicados. Dependerá de los vientos políticos, pero ambos podrían estar muy complicados. Es lo mismo que pasó con las DJAI (declaración jurada anticipada de importación)”.

Las sospechas continúan. LA NACION entrevistó a 49 individuos del sector privado y público para determinar la correlación entre las historias alrededor de las SIRA, cuyo apretón en reglamentaciones provocó a la fecha una deuda de importaciones de montos semejantes a los que hay que pagar al Fondo Monetario Internacional (entre US$45.000 millones y US$50.000 millones). Según la narración de testigos e involucrados que mostraron a este medio conversaciones en las que se acordaban operaciones relacionadas a los permisos, hasta cerca de abril de este año, hubo decenas de intermediarios que aseguraban interceder por la aprobación de las SIRA.

Las pymes, que componen el 90% de las empresas del país, cuentan que llegaban a ellos a través de sus clientes. En general, los grandes jugadores de la industria dependen de insumos que compran a las pymes, por lo que, al ver que estas no podrían cumplir con la provisión de lo pautado, habrían ofrecido contactos para solucionar el problema. Luego, se transmitían de boca a boca, en grupos de WhatsApp y comenzaron a proliferar estafadores en redes sociales. Los que operaban de verdad serían cerca de 20.

Según las conversaciones a las que tuvo acceso LA NACION, cuando las partes entraban en contacto, el individuo le pedía al representante de la empresa los datos de la solicitud de importación a realizar cuando estaba en estado de “observada”, lo que quiere decir que la declaración había sido oficializada pero observada parcial o totalmente por alguno o todos los organismos intervinientes. De acuerdo al valor FOB (el monto total calculado de la mercadería), se les requería un porcentaje que usualmente era del 15%. En promedio, una semana después, la SIRA figuraba aprobada y el representante de la empresa se encontraba con una persona (cuya identidad desconocía), para abonar el porcentaje en billetes siempre de cara grande. Se los citaba en cafés adentro de shoppings, supermercados y dos fuentes hicieron referencia al un hotel en Puerto Madero.

Este sistema habría operado de esta manera hasta que comenzaron a surgir muchas quejas, que se dieron a conocer en una investigación de LA NACION. En ese momento, desaparecieron la mayoría de los intermediarios y quedaron unos pocos, hasta mediados de año. Entre la proclamación de Massa como candidato y las PASO, hasta noviembre, se liberaron prácticamente todas las SIRA, en su mayoría con plazos de 90 a 120 días o más (lo que pateaba el problema al gobierno que venga), dependiendo de la posición arancelaria. El problema dejó de ser la aprobación de la SIRA, sino la fecha de pago que autoriza a las empresas a depositar los pesos en sus bancos y que el Banco Central gire las divisas al exterior usando sus propios dólares.

Las pymes, cuando quisieron realizar las operaciones de cancelación en la fecha que les fue indicada para acceder al MULC (mercado único y libre de cambios), se encontraron con inconsistencias reportadas por la AFIP. Los números de error más frecuentes son el 46, 47, 49 y 27, que refieren a cuestiones informativas o estar pasado de fecha. Para solucionar este problema, también habría habido intermediarios, aunque más escasos. Hasta hace algunas semanas, prometían resolver el entuerto con un 15% adicional para tramitar una Sirase (que aplica a servicios), que no llevan fecha de pago sino que se pueden cancelar inmediatamente para casi todas las categorías menos cinco de ellas.

Con esto también podían sortear los problemas que haya ocasionado la AFIP al informar, por ejemplo, inconsistencias en las declaraciones juradas de las empresas de cinco o seis años atrás para perjudicarles el CEF (capacidad económica financiera), otra de las trabas para acceder a las autorizaciones.

Quiénes pueden acceder a la fecha de pago, acceden a un dólar de menos de $400. Es el mejor negocio que existe en la Argentina en este momento. Si bien el grifo está prácticamente cerrado, el Banco Central atiende necesidades por unos cerca de US$200 millones por día para los importadores.

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