Se investiga un universo de 137 sociedades creadas para requerir dólares al tipo de cambio oficial que jamás ingresaron mercadería alguna con las SIMI
El piso excede los u$s325 millones, cuyo impacto en términos de reservas es enorme para una operación delictiva de estas características. En todos los casos, la maniobra es casi calcada, solo que hasta el momento no se pudo establecer un patrón que unifique la creación de todas estas empresas bajo el mismo grupo de personas.
Sin embargo, todas seguían el mismo recorrido. Indigentes, empleadas domésticas o personas de extrema vulnerabilidad que apenas sabían escribir aparecen como firmantes de las actas societarias de los sellos de goma que se constituyeron hasta un año antes de iniciar sus operaciones. Escribanos los certificaron y se apoyaron en estructuras contables sofisticadas que las dotaron de un coeficiente financiero comprando créditos que les permitían ampliar su capacidad económica.
Con esos elementos, concurrían a los bancos privados que armaban las carpetas y siempre bajo el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) completaban la declaración jurada y reclamaban los dólares. La contraparte proveedora era también otro sello de goma: generalmente estaban radicadas en Miami bajo el formato de LLC. Increíblemente, nadie controlaba que la operatoria fuese real.
Esto tiene una explicación más increíble todavía. Durante el gobierno de Cambiemos se sacaron, a partir de 2016, todo tipo de control de cambios que incluía el contralor de la Cuenta Única de Comercio Exterior que podría haber disparado alertas sobre giros sin contraprestación alguna.
Esa cuestión recién se restableció con el desembarco de Guillermo Michel en la Dirección General de Aduanas y el cambio de sistema al actual SIRA que cumple con un checklist sistémico que cruza los datos. El BCRA adujo que su función no era la de controlar que esas importaciones fuesen reales y que no tienen los medios para hacerlo, aunque como regulador de los bancos cuenta con dos sistemas: el “Seguimiento de Pagos de Importaciones” (SEPAIMPO) que monitorea el ingreso de los bienes con relación a los pagos acreditados por importaciones y el RIOC, el Régimen Informativo de Operaciones de Cambio.
Ninguna de estas empresas fantasma hubiese superado el test mínimo que impone la política de KYC (conozca a su cliente) que rige a las entidades financieras para evitar lo que luce además como un posible lavado de dinero. Tampoco se conoce que hayan confeccionado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Fue recién a fines del año pasado que se creó una unidad especializada de valoración y fiscalización externa que realizó un análisis –por supuesto, ex post- de lo que venía ocurriendo con las SIMI previo al cambio de sistema. Allí, la Aduana detectó que durante un período anterior se habían girado divisas sin que exista ningún ingreso de mercadería. Había SIMI autorizada pero no coincidía con ningún despacho. En una de las causas, directamente se investiga a empresas que ni siquiera presentaron la SIMI en AFIP: adulteraron un formulario bajado de Google totalmente apócrifo. El BCRA, a “ciegas”, giró dólares a tipo de cambio oficial. En esa causa ya hay procesamientos y hubo una detención.
Ante esta evidencia, Aduana comenzó a seguir la operatoria, y se constituyó como querellante en las denuncias penales que formuló porque halló las coincidencias en la maniobra en toda la constelación de empresas que se activaban -con fecha muy cercana a su constitución- para intentar que sus SIMI recibieran los fondos desde el BCRA utilizando siempre los mismos códigos para pedir los adelantos de importación, o bajo el paraguas de insumos médicos que tenían licencias automáticas.
No tenían empleados, jamás había realizado comercio exterior o no estaban inscriptas en ningún registro de importadores. Nunca llegaba nada. O si arribaba al país era vía Courier, con un régimen limitado en cuanto a montos y magnitud. Según fuentes de la investigación, es insoslayable la participación que hayan tenido empleados bancarios jerarquizados para permitir que esos clientes tan particulares terminaran accediendo a los dólares que requerían. Con las SIRA, que además agrandó su listado de Licencias No Automáticas, la operatoria cesó.
Pero también subyace la sospecha de que esta brecha de controles que existió fue advertida por agentes del mercado con un conocimiento específico que idearon el despliegue de elementos preparatorios para lograr tener éxito en esta lucrativa empresa criminal. En uno de los expedientes existen escuchas telefónicas: allí se advierte que entre las comunicaciones de quienes participaban están bien delimitados los roles que tenía una parte de la organización, ya fuese para conseguir los prestanombres para la constitución de las sociedades, para conseguir financiamiento, organizarse contablemente y dar apariencia de solvencia y hasta con un empleado bancario que “vendía” su expertise para llevar adelante el trabajo.
El tramo final ocurría en el exterior con las LLC también apócrifos que recibían el dinero como contraprestación para la provisión de bienes que no existían, y los fondos retornaban al país a través de agentes de Bolsa que los convertían al MEP y ganaban con la brecha cambiaria. Será relevante la información que pueda aportar FINCEN sobre la materia que ya registra una colaboración efectiva en el caso “NRG” donde constató la concreción del “rulo”, en la jerga. En aquel caso, existían mercaderías ingresadas, solo que a valores sobrefacturados y con proveedores relacionados, el excedente retornaba al país para un negocio financiero.
La Aduana se constituyó en querellante en todas las investigaciones al ser la única parte en común de una operatoria que parece disociada en los nombres pero cuyo patrón es idéntico. Hay medidas en curso y el éxito de las investigaciones depende ahora de descubrir quiénes tuvieron la capacidad económica de planificar la maniobra de esta magnitud y de develar la pata bancaria que se presume, actuó con complicidad.
Por Gabriel Morini (Ámbito)