La investigación judicial sobre las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) sumó un nuevo capítulo. Luego de varios pedidos que no lograron identificar a los responsables concretos de las autorizaciones cuestionadas, la Fiscalía volvió a insistir para que el Gobierno informe quiénes participaron en esos trámites durante 2023.

El reclamo fue impulsado por el fiscal federal Franco Picardi, quien envió un oficio al titular de la Dirección General de Aduanas, José Velis, organismo que intervenía en el circuito de aprobación de importaciones. Allí solicitó que se remita “de forma urgente” toda la información disponible vinculada con la aprobación de SIRA correspondientes a tres empresas bajo análisis.

Además, requirió el listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación durante 2023, con la identificación específica de quienes participaron en las solicitudes vinculadas a esas sociedades.

No se trata de la primera vez que la Fiscalía intenta obtener esos datos. Según surge de la causa, ya hubo al menos tres requerimientos previos dirigidos a distintos organismos estatales. Entre ellos, el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, las respuestas recibidas consistieron principalmente en explicaciones sobre el funcionamiento general del sistema, descripciones de procedimientos automatizados y detalles técnicos, pero sin precisar qué funcionarios actuaron en los expedientes solicitados.

Desde esos organismos apuntaron hacia la Aduana como una de las áreas con intervención en el proceso. En los tribunales federales observaron esas contestaciones con desconfianza. Sin desconocer la complejidad administrativa de las SIRA, entienden que identificar a los responsables de cada trámite no debería representar una dificultad insalvable. Por ese motivo, el nuevo requerimiento fue formulado con carácter urgente.

La causa investiga presuntos pagos ilegales para acelerar autorizaciones de importación durante la gestión de Alberto Fernández. En ese marco, la pesquisa encabezada por Picardi detectó indicios de que se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones.

Uno de los elementos centrales del expediente surgió del análisis del teléfono celular de Martín Migueles, empresario vinculado a casas de cambio junto a sus socios Elías Piccirillo y Francisco Hauque. Durante 2023, Migueles mantuvo conversaciones con distintas personas en las que hablaba sobre la posibilidad de agilizar autorizaciones mediante pagos irregulares.

Entre los mensajes incorporados a la causa figura uno en el que señala: “Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”.

Para los investigadores, la operatoria no se limitaba a un único actor. La hipótesis apunta a la existencia de intermediarios que articulaban las gestiones y a la posible participación de funcionarios que todavía no fueron identificados. La búsqueda de esos nombres es precisamente uno de los objetivos centrales de los últimos requerimientos judiciales.

La pesquisa también detectó diferencias llamativas en los tiempos de aprobación. Mientras algunas solicitudes podían demorar hasta seis meses, la justicia federal encontró casos que obtenían autorización en apenas 24 horas.

Paralelamente, el expediente avanza sobre presuntas irregularidades vinculadas al acceso al dólar oficial durante la vigencia del cepo cambiario. Según la investigación, casas de cambio y entidades bancarias adquirían divisas al valor oficial para luego comercializarlas en el mercado paralelo, una maniobra que podía generar ganancias de hasta un 200% en pesos.

Dentro de esa línea de investigación aparecen imputados funcionarios del BCRA, sospechados de haber permitido operaciones de compra de divisas por parte de las firmas relacionadas con Migueles, Piccirillo y Hauque. Entre las pruebas incorporadas figura una grabación en la que una funcionaria, Romina García, reconoce que asesoraba a Hauque cuando no estaba habilitada para hacerlo.

En los últimos días, los peritos accedieron a los teléfonos celulares de varios imputados con el objetivo de profundizar el análisis de las comunicaciones y reconstruir el funcionamiento de la operatoria investigada. Mientras tanto, Picardi y el equipo especial que conformó para este expediente continúan examinando las operaciones de casas de cambio y bancos involucrados, con la expectativa de avanzar también sobre una eventual causa por lavado de dinero.

Fuente: Data Clave