El Congreso logró la sanción con los votos del oficialismo y partidos provinciales. JxC se abstuvo y la izquierda votó en contra. Busca blindar inversiones de al menos u$s 1000 millones en una nueva industria como el GNL que hoy no existe en Argentina
Qué dice la ley
El proyecto declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte”.
El primer proyecto: YPF-Petronas
Un proyecto de GNL requiere millonarias inversiones y reglas de juego que actualmente la macroeconomía y la incertidumbre política no ofrecen. Por ende, las 4 iniciativas que están ávidas de invertir solicitaban un régimen de promoción que las “blinde”, al otorgar estabilidad fiscal y permisos de exportación en firme.
La primera iniciativa que podría ver la luz es el acuerdo entre YPF y Petronas, que comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización.
En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable, con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.
La inversión estimada es de US$ 10.000 millones en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.
El debate en el recinto
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Energía, Santiago Igon, señaló que “la Argentina tiene una oportunidad que se da en base a una transición energética porque tiene los recursos para encarar, para eso es necesario incrementar la producción de GNL a una escala máxima y para eso incentivar a una escala de valor a lo que se va a producir”.
“Nosotros tenemos que tener en cuenta para aquellas que quieren hacer las inversiones y la secretaria de Energía que esas inversiones tengan la capacidad técnica y financiera para llevar adelante este proyecto”, agregó Igón, diputado del FdT.
También destacó que “este proyecto contiene algo que es importante que es el componente de la industria nacional que debe tener, ya que planteamos un régimen promocional de 30 años, que en el primer decenio no tenga menos del 15 por ciento del componente nacional, en el segundo decenio de un 30 por ciento y luego de los 20 años deberá ser del 50 por ciento”.
El diputado nacional del MPN y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, puso de relieve que “tenemos una gran oportunidad: u$s 20.000 millones de dólares de superávit va a generar Vaca Muerta sin riesgo climático, y no lo podemos desaprovechar”.
“Esta ley es para construir políticas para la gente y es una buena ley que termina desarrollando la Argentina”, destacó. Además, agregó que Vaca Muerta “provee el 52% del petróleo de este país, el 65% de gas, como así también puede abastecer a toda la Argentina en virtud de las diferentes obras que se están llevando adelante”.
También señaló que si se quiere monetizar el subsuelo, hay que seguir construyendo ductos: “La posibilidad de proveer de GNL a Asia y Europa, nos impone tener que construir 3 gasoductos Néstor Kirchner”, ejemplificó.
Desde la oposición, el diputado del Pro, Francisco Sánchez, afirmó: “No veo mal que acompañemos un proyecto como este, me parece sano, pero no lo vistamos de otra cosa, acá se están trabajando intereses de sectores específicos, de una empresa nacional como YPF con otra internacional como Petronas”.
Su colega de bloque, la radical mendocina Jimena Latorre, se mostró crítica con el proyecto: “En lugar de dar un salto al vacío con un proyecto como este, el Gobierno que se está yendo debería haber definido una política energética en base a una planificación estratégica; no lo hicieron en cuatro años, ahora ya es tarde”.
Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño señaló: “Este proyecto no está pensado en función de las necesidades de la población, sino en función del mandato exportador que impone el FMI y el saqueo de las grandes petroleras”.
En la discusión en particular y a partir de un pedido de la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, se incluyó un cambio en los artículos que se refieren al tema ambiental, y en ese sentido se dispuso que los proyectos deberán asegurar “el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el transferente en cuya virtud se hayan otorgado los correspondientes permisos ambientales”.
Fuente: Ámbito