La cartera que conduce Guillermo Michel activa mecanismos para acelerar la liquidación de exportaciones. Tras las notificaciones se generó controversia en el sector

En las últimas tres semanas, la advertencia que lanzó el titular de la Aduana, Guillermo Michel, en noviembre de 2022, comenzó a formalizarse a través del Sistema de Comunicación Aduanera (SICNEA), para que las empresas ingresen el saldo de sus ventas al exterior, que se estima en u$s 3000 millones.

Bajo apercibimiento de ser retiradas del Registro de Importadores y Exportadores, las notas intiman a las compañías a que en el plazo de 10 días hábiles regularicen su situación o garanticen los importes correspondientes a la falta de ingreso de divisas.

La presión que se da en un contexto de máxima exigencia por el rojo en las reservas del Banco Central, generó controversia, en el sector.

“Un tema a tener en cuenta es si Aduana tiene entidad para reclamar este ´incumplimiento´ dado que los plazos son establecidos por el BCRA”, dijo a El Cronista una fuente reservada. “Supongo que lo hacen así por algún motivo práctico, pero, de mínima, es un punto para estudiar“, agregó.

Controversia aduanera

La norma se apoya en el Decreto 609/2019 y la Comunicación “A” 6770 del Banco Central que reestablecieron la vigencia del Régimen de Control de Cambios en la Argentina, que impone la obligación de ingresar y liquidar al país el contravalor en divisas de la exportación de bienes en las condiciones y plazos que establezca el BCRA, que oscilan entre 15 y 365 días.

En ese sentido, un informe de PwC apunta a la norma que instrumentó un sistema de monitoreo para que la Aduana, en conjunto con la AFIP, el BCRA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pueda intercambiar información y detectar aquellas maniobras de no liquidación de divisas – Instrucción General N° 7/2022 de la DGA-, como “no menos controvertida”.

Asimismo, explicó que ha tenido su repercusión en el ámbito judicial ya que, según explica, ante la interposición por parte de un exportador de un amparo para declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la instrucción bajo análisis, el juzgado interviniente no hizo lugar al planteo efectuado.

La controversia se genera no por la existencia de la normativa en sí o por el rol de la Aduana, que busca sostener las operaciones de comercio exterior en un marco de legalidad y se corresponde con las de otros países, sino por la coyuntura macroeconómica y, fundamentalmente, las expectativas en un año electoral, apuntan con otro foco distintos especialistas.

“Es lógico que la Aduana busque cortar la especulación, pero también se comprende que el exportador resguarde su dinero aún a riesgo de sufrir alguna penalidad”, planteó un dirigente de la actividad del comercio exterior.

En tanto que, el “Economic GPS” de junio, describe que “se pone en tela de juicio si la falta de ingreso de divisas es una conducta que corresponda ser controlada también (ya que no quedan dudas de la competencia del BCRA en este sentido) por el Servicio Aduanero o si éste accionar no excede por el contrario el ámbito de su control”.

“No resulta ocioso recordar que el objetivo del servicio aduanero es el control sobre las personas y la mercadería, incluida la que constituyere medio de transporte, en cuanto tuvieren relación con el tráfico internacional de mercadería”, plantea el documento que firma José María Segura, economista Jefe de la consultora internacional.

Según PwC, el accionar de la Aduana genera un “daño colateral” a los exportadores, ya que “trunca” la posibilidad de cobro de los reintegros a la exportación que se encuentren cerradas. 

“Lejos de optar por beneficiar a los actores más importantes del balance cambiario en cuanto hace a la liquidación de divisas, una vez más, el servicio Aduanero ha impuesto el cumplimiento de las conductas pretendidas bajo el camino del temor a la sanción“.

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