Si hay algo que dejaron al desnudo la pandemia primero y la guerra en Europa después es la falta de infraestructura en el país en general. Y si de oportunidades se trata, la falta de gasoducto para sacar el gas de Vaca Muerta es la madre de todas las batallas.

La venta de gas es hoy probablemente uno de los negocios más rentables por el reacomodamiento de suministro y el aumento en los precios debido a la guerra en Europa.

Con ese tablero internacional, el Gobierno acelera la licitación de la construcción de un gasoducto troncal en Neuquén, el Néstor Kirchner. Por supuesto, no sin que medien las chicanas políticas de rigor, ya que originalmente este proyecto se contempló en 2018 durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Abajo de Vaca Muerta está la segunda reserva de gas de todo el mundo, pero para explotarla hay que sacar el insumo y, sobre todo, transportarlo.

Por esas curiosidades de la Argentina, tal vez, en el sector estiman que la cinta podrá cortarse en el segundo semestre de 2023, es decir en pleno año electoral y de recambio en el mandato presidencial. Tal vez sea al próximo gobierno (cualquiera fuere su tinte partidario) al que le tocará computar las bondades del ingreso de dólares que generarán las exportaciones de gas al mundo y también el recupero de la autonomía energética.

La cuenta es troncal. Hoy el país destina cerca de 14 mil millones de dólares para atender el suministro energético. Si esta cuenta saliera bien, implicará ese ahorro y la generación de divisas genuinas, en un país donde no abundan desde hace rato.

Por otro lado, esto implica que tanto este invierno como el que vendrá requerirán de fondos públicos para garantizar el suministro energético. Por eso, el Gobierno aceleró dos acuerdos con Bolivia y con Brasil para garantizar el suministro de gas que permitirá sostener el consumo en los hogares y apuntalar el nivel de actividad en las industrias y los comercios.

Cerca de 14 mil millones de dólares se necesitan para garantizar el suministro 2022

Otro factor es que este año se requerirá de más dinero para afrontar esas importaciones y que, por ejemplo, la unidad con la que se mide el gas licuado que el año pasado costaba 8 dólares ahora cuesta 60 dólares por el efecto de la guerra. Solo el año pasado se necesitaron sesenta de esos barcos carísimos.

La pulseada por la estrategia energética pone en el centro de la escena los tironeos entre las diferentes fracciones de la coalición del Gobierno. Hoy están enfrascadas en la discusión en torno al recorte de los subsidios energéticos y la suba en las tarifas de electricidad y gas. El Gobierno acaba de convocar a audiencias públicas para el 10, 11 y 12 de mayo, y los sectores cristinistas le reclaman al ministro de Economía, Martín Guzmán, que vaya presencialmente a dar la cara por el aumento que vendrá.

Lo acorralan desde la Secretaría de Energía que conduce Darío Martínez (quien disputa en territorio neuquino su futuro político) y Federico Basualdo, el subsecretario ultrafiel a CFK a quien Guzmán quiso echar hace ya casi un año y aún sigue en su poltrona. También el interventor del Energas, Federico Bernal, cascotea la segmentación de las tarifas. Esta semana el ministro, quien viaja esta noche a una reunión con el FMI en Estados Unidos, advirtió que  “gestionaremos con los que estén alineados con el programa económico”.

Se espera que la nueva suba en las boletas de luz y gas llegue a mediados de junio o los primeros días de julio. Sería cercana al 20%, igual que el aumento aplicado en marzo y que representó una suba en promedio de $300 para el consumo de gas de una familia tipo, según datos del sector.

Por las subas en las tarifas el Gobierno sabe que pagará un alto costo político, y desde el cristinismo no quieren compartirlo con Guzmán. Cualquier retoque tarifario, por pequeño que fuere, repercutirá en la inflación, que en marzo fue, con un 6,7%, la más elevada de los últimos veinte años.