La Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Coalición Cívica detectaron presuntas irregularidades en la licitación corta para el dragado, que son investigadas por la Justicia; varios competidores se acusan mutuamente en una contienda feroz por un negocio millonario /

La procuraduría de Investigaciones administrativas y la Coalición Cívica detectaron presuntas irregularidades en la licitación corta para el dragado que son investigadas por la Justicia; varios competidores se acusan mutuamente en una contienda feroz por un negocio millonario

El panorama de extrema complejidad por el que pasa la Hidrovía pone en riesgo al comercio exterior de la argentina, su principal fuente de divisas a la hora de exportar y también de importar insumos para la producción. la enumeración de problemas, algunos impuestos por la naturaleza pero otros autoimpuestos, no tiene fin.

la bajante del río vuelve a preocupar. Pero en este caso es el manejo humano de la Hidrovía lo que más complica y traba la fluidez de la principal arteria argentina para el comercio exterior. El hecho de que haya una demora insólita en la licitación definitiva (por unos 15 años); las marchas y contramarchas constantes, con anuncios que no se cumplen; la cantidad de personas convocadas para opinar, cada una empujando para su lado; el cobro del peaje por parte del Gobierno y que sigue en US$3,06 por capacidad de carga y que no bajó, aunque en este momento el operador está dragando menos que cuando el cobro del peaje era privado; la gestión de la licitación corta del dragado, sujeta a observaciones por parte de la Procuraduría de Investigaciones administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez, y la denuncia por presunto tráfico de influencias hecha por los diputados de la Coalición

Cívica Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro, ponen de manifiesto una pelea feroz por quedarse con un negocio multimillonario. a tal punto que, como informó la NACION, esta semana la administración General de Puertos (AGP), el Ministerio de Transporte y todas las empresas que participaron de la fallida licitación corta recibieron órdenes judiciales para entregar información.

Crisis en el río

Recientemente la Cámara de actividades Portuarias y Marítimas (CaPyM), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se refirieron en un comunicado a la emergencia hídrica, producto de la bajante extraordinaria de los ríos Paraguay y Paraná. “Esta situación obliga a transportar mercadería hacia otros puertos argentinos por vía terrestre, con el consiguiente impacto sobre la seguridad vial, el mayor deterioro de la infraestructura vial y ferroviaria y el aumento de los costos logísticos”, dice la misiva.

Pero fueron más allá: “Tampoco puede soslayarse la circunstancia que atraviesa el proceso de contratación de los trabajos de dragado de la vía navegable troncal en el marco de la licitación Pública N° 13/21 lanzada por la administración

General de Puertos y cuyo objeto es contratar, para el corto plazo, el ‘Dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal’, teniendo en cuenta que dicha licitación se ha dejado sin efecto”.

Piden entonces que el nuevo Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, a cargo de la licitación larga, exhiba un calendario para “contar con un horizonte realista”, y también que “disminuya la incertidumbre”.

Denuncias

Si bien la AGP lanzó la licitación corta con el fin de transparentar quién se haría cargo del dragado hasta que finalice el proceso de la “larga”, el resultado generó polémica. Después de dar sus fundamentos de manera pormenorizada, fue Jan De Nul el único de los 4 contendientes en pasar la revisión técnica de la propuesta. Pero dos de ellos decidieron dar pelea: la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la belga Dredging International, la compañía china CCCC Shanghai Dredging CO y la argentina Servimagnus S.a, por un lado, y la UTE conformada por la empresa argentina Emepa (presente en la Causa de los cuadernos) junto a la empresa de dragado danesa Rohde Nielsen, por el otro,

ambas se manifestaron en contra de lo dispuesto por la AGP, la primera de manera pública a través de una solicitada publicada en la NACION y la segunda directamente pagando una tarifa no reembolsable de US$800.000 para que se revise el dictamen. Finalmente la AGP dio el brazo a torcer y dio de baja la licitación sin demasiados fundamentos, algo cuestionado tanto por la PIA como por los diputados de la oposición.

la PIA, que integra la Procuración General de la Nación, se define como “un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración Nacional”. la entidad emitió una “opinión” sobre la actuación de la AGP en lo que respecta a la “licitación corta” para el dragado de la Hidrovía. Consultadas por la NACION, fuentes de la entidad explicaron que decidieron intervenir después de haber leído una solicitada de la UTE conformada por capitales chinos, entre otros, donde ponían de manifiesto su disconformidad con el dictamen de la AGP.

En un exhaustivo informe de 60 páginas, la Procuraduría señala que existen irregularidades en el proceso de licitación corta, entre ellas, que la AGP no presentó la documentación respaldatoria para explicar en qué se basó para definir su presupuesto para la obra del dragado (US$80 millones por seis meses de trabajo).

Por otro lado, cuestiona que, para que se tome en cuenta una impugnación, se exigió un depósito o transferencia bancaria por un monto equivalente al 1% de la oferta del impugnante, y que esto debe llevarse adelante después de “un examen objetivo de los aspectos técnicos y personales, libre de toda influencia de aspectos económicos de la oferta”. De hecho, la UTE conformada por capitales chinos y argentinos cuestionaba la obligatoriedad de pagar una tasa en esa instancia.

Son muchas las observaciones de la PIA, entre ellas, que “se admite una oferta en contradicción con una previsión expresa (Compañía Sudamericana de Dragados presentó en el sobre 1, el técnico, su plan de inversiones que, supuestamente, debía ir en el sobre 2), mientras que en la evaluación de otra oferta aplica estrictamente la restricción impuesta por el plexo licitatorio”.

Desde el lado de los competidores de Jan De Nul, afirman a este medio que “queda claro que debieron haber sido descalificados y que hubo doble vara en la evaluación. El dictamen es verdaderamente contundente con respecto a las irregularidades del proceso licitatorio”.

Sin embargo, desde Compañía Sud americana de Dragados (la subsidiaria local de Jan De Nul), afirman que su presentación se ajusta a los parámetros pedidos en la licitación y que fue por ese motivo que no fueron descalificados por la AGP. Esta vez, la única compañía ganadora de la contienda antes de que se anule el proceso también puede impugnar la decisión (tiene 90 días para hacerlo). Así, con impugnaciones varias, la licitación está estancada aunque desde la AGP afirman que están ultimando los detalles para una nueva licitación.

En cuanto a los motivos que esboza la AGP para dar de baja el proceso de la licitación, también hay un cuestionamiento no solo por parte de la PIA sino también de los diputados de la oposición.

“Nosotros pedimos al Ministerio de Transporte y a la jefatura de ministros que analicen si la gente de AGP puede seguir en sus puestos de trabajo o no. Le presentamos este informe al fiscal para ‘abastecer’ la denuncia penal (de la Coalición Cívica) y pedimos de manera contundente que le den participación a la sociedad civil para que haya algún control”, comentaron a LA NACION desde la PIA. De hecho, enviaron una carta al jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, donde le dicen que evalúe “las capacidades e idoneidades funcionales requeridas para el ejercicio del cargo de la totalidad de las personas que aparecen involucradas en el proceso de licitación”.

Desde la AGP admiten que el dictamen hace cuestionamientos y hay una investigación en curso por “desfavorecer al grupo conformado por capitales chinos”, que lleva a cabo el fiscal Guillermo Marijuan, y otra desde el lado de la PIA por ser “excesivamente formalistas”. Y agregaron: “AGP va a cumplir con todo lo que la Justicia instruya, ya entregamos toda la documentación y vamos a considerar las recomendaciones que sugiera la PIA”, aseguran a

Detrás de la Hidrovía

Si la política está detrás de la caja de la Hidrovía (unos US$200 millones en bruto anuales) es una pregunta que varios actores relacionados con el uso de la vía navegable contestan por lo bajo con un contundente “sí”.

Para la Coalición Cívica hay una incógnita: ¿qué motivó a dar de baja la licitación, si decía que se habían cumplido cada uno de los procedimientos administrativos previstos? Los técnicos contestaron 86 preguntas al respecto.

“La empresa de una persona que confiesa haber pagado sobornos a una fuerza política no debería poder presentarse a una licitación”, recalcan desde la oposición, haciendo referencia a la confesión de Gabriel Romero en la Causa de los cuadernos de haber pagado para que le renueven el contrato por la Hidrovía en 2010. “El manejo de la Hidrovía es abrir o cerrar el grifo a negocios multimillonarios legales y también ilegales, relacionados con el contrabando y el narcotráfico”, dicen desde la Coalición Cívica. La decisión sobre su futuro todavía tiene zonas oscuras que habrá que aclarar.

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