Extendió por tres años los permisos de las terminales porteñas y aprobó un ajuste tarifario a partir de enero. Licitación sin fecha y condicionamientos para la próxima gestión
Tras haber transitado casi tres años y medio con soluciones parciales y fallos judiciales en contra, la administración de Alberto Fernández se decidió a encarar un cambio de fondo en el funcionamiento del puerto de Buenos Aires en los últimos seis meses de su gestión. El primer paso se dio al inicio de junio con la firma del decreto 299/23, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso dos medidas significativas. En primer lugar, derogó el decreto 870/2018 de la gestión macrista que había ordenado la relicitación de las terminales portuarias capitalinas a un único operador; y, el segundo, definió que el nuevo llamado licitatorio deberá contemplar la transferencia del manejo y la operación de las instalaciones del puerto a dos concesionarios privados.
Letra chica y condiciones
Tras destacar que la futura licitación “tendrá el eje puesto en mantener las fuentes de trabajo, evitar un monopolio extranjero y garantizar el crecimiento del comercio exterior a través del único puerto de administración federal del país”, que garantizaba el decreto anterior, la nueva decisión le ordenó a la AGP que proceda a reordenar de manera temporaria la actividad del puerto de Buenos Aires teniendo en cuenta dos parámetros salientes: no interrumpir las operaciones y mantener los puestos de trabajos.
La concesionaria TRP asumió el compromiso de absorber el 40% de los 550 empleados directos y tercerizados que tenía Bactssa; mientras que su colega de APM hará lo propio con el 60% restante. Además, la concesionaria controlada por el grupo Maersk anexará los terrenos, el muelle y el espigón que pertenecían a la terminal 5. Según lo pactado, esas instalaciones deberán utilizarse de manera prioritaria para el “desarrollo de operaciones con cruceros y como muelle de espera de embarcaciones menores y de transbordo”.
Adecuación tarifaria y licitación
Junto con los tres años adicionales de prórroga, los nuevos contratos también incluyeron, como compensación por la absorción del personal de la terminal 5, una readecuación tarifaria que entrará en vigencia a partir de enero y que tiene dos puntos salientes: la duplicación de las tasas a las cargas de US$ 4 a US$ 8 por tonelada que deben abonar las empresas importadoras y exportadoras a la AGP y la eliminación del régimen de tarifas máximas que pueden aplicar las concesionarias.
Si bien los funcionarios ya tienen vía libre para encarar la nueva licitación, los tiempos en juego indican que no será un proceso de implementación rápida y, en caso de que se pueda poner en marcha en las próximas semanas, la definición quedará en manos de las autoridades que desembarquen en diciembre en la Casa Rosada; siempre que aprueben lo actuado y no decidan disponer otra alternativa. En el Ejecutivo ponderan que ya existe mucho trabajo y análisis técnico desarrollado, lo que facilitará la decisión de la nueva administración.
El esquema diseñado por los técnicos de la AGP prevé adjudicar una terminal destinada a la atención de cruceros y contenedores y otra exclusiva para el movimiento de cargas contenerizadas. El nuevo armado previsto para la reprivatización del puerto capitalino permitirá la operación de manera simultánea de varios cruceros y hasta cuatro buques New Panamax de 366 metros de eslora y 52 de manga que pueden transportar hasta 15.000 contenedores cada uno.
