El Centro de Despachantes de Aduana decidió ir a la justicia porque la desregulación del sector planteada por Javier Milei pondría en riesgo a 5.000 trabajadores

Los despachantes de Aduana enfrentan una situación de «incertidumbre» e «intranquilidad» sobre la continuidad de su profesión a raíz de las modificaciones en el Código Aduanero dispuestas por el Gobierno nacional en el Decreto 70/2023, reglamentado el viernes.

A causa de esto, el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) decidió ir a la justicia con una acción de amparo y medida cautelar. La presentación es contra el apartado de Comercio Exterior (Título V) del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, el cual, aducen desde el CDA, se presenta una «paradoja de la desregulación» de la actividad del Despachante de Aduana, una situación que en la Argentina afecta a más de 5.000 profesionales que desarrollan esta actividad.

El DNU «invoca varios objetivos loables, pero concretamente respecto de los Despachantes de Aduana no dice qué es lo que su régimen tal como estaba resulta perjudicial, y mucho menos su urgencia de cambio».

Ello implica «una gran indefensión, pues no elimina su profesión, ni su carácter de Auxiliar del Servicio Aduanero (mantiene el art. 36 del Cód. Aduanero), pero reduce la actividad a su mínima expresión y lo deja como un título vacío», advirtieron el presidente del CDA, Héctor Gerardo Pardal, y el secretario de la entidad, Facundo Manuel Álvarez.

En diálogo con Télam, la vicepresidenta del CDA, Andrea Coscarello, dijo que la intención del Gobierno es «modificar el comercio exterior» con esta normativa. Si bien reconoció la necesidad de actualizar el Código Aduanero -ya que la normativa vigente es del año 1982-, Coscarello sostuvo que el eje «no debería ser sin la figura del Despachante de Aduana».

«Ante todo, somos auxiliares del servicio aduanero y estamos en el artículo 36 del Código Aduanero. En el artículo 37, lo que se quiere hacer es el agregado de una persona física, jurídica, autorizada por un importador, ergo, se agregaría en ese artículo un ‘autorizado’», se explayó Coscarello.

Y advirtió que «para ese ‘autorizado’ no hay condiciones y hoy nosotros sí las tenemos, como ser mayores de edad, tener un título de capacitación, estar inscriptos en la Inspección General de Justicia, llevar libros de comercio, somos responsables ante la Unidad de Información Financiera, que es fundamental por el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo».

«¿Adherimos a la facilitación? Totalmente, eso es indiscutible porque sí o sí necesitamos la facilitación de todo lo que sea el comercio exterior, pero no a través de una figura que va a ser un ‘autorizado’, va a tener que saber hacer el trabajo, clasificar, valorar, si esa mercadería tiene fraude marcario. O sea, no va a tener control la mercadería que ingrese o que egrese», planteó la profesional.

Por su parte, Raúl Vázquez y Matías Duarte, secretario general y tesorero de la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA), respectivamente, manifestaron en diálogo con Télam, que el Gobierno busca «desregularizar la actividad, sacar el llenado de profesionalismo al despachante de aduana».

Por otra parte, a partir de lo establecido en el DNU, dicen desde el CDA, se está «perdiendo una oportunidad de insertarnos en el mundo en tanto comercio internacional porque ningún país del mundo es libre por completo para sus negocios internacionales».

«Todos protegen; si creemos que Estados Unidos, Europa, China o Chile no protegen, es mentira», confiaron desde la entidad a Télam.

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