Se trata de una modificación de la Ley Penal Tributaria. Se aplicaría a gente que de manera anónima informe sobre contribuyentes que evadan impuestos

El Gobierno quiere introducir la figura del “colaborador” en la Ley Penal Tributaria. Se aplicaría a cualquier persona que quiera informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre contribuyentes o empresas que evadan impuestos u oculten activos tanto en el país como en el exterior. A cambio de ello, se ofrecería una recompensa de hasta un máximo del 20% del impuesto que se determine.

“Para el caso de los colaboradores, la Administración Federal de Ingresos Públicos estará dispensada de aplicarles sanciones administrativas y de formular denuncia penal tributaria, en caso de corresponder, cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de un acuerdo de colaboración”, señala el texto.La figura del “colaborador”, algo más parecido a un delator, busca actuar sobre situaciones en las que las relaciones entre las personas no son buenas o terminan en malos términos. Por caso, una pareja que se divorcia en la que uno de los miembros sabe que el otro tiene activos ocultos. También se podría aplicar a un gerente de una empresa que conoce algún manejo irregular de la corporación en la que trabaja y que por alguna razón puede ir ante la AFIP a revelar esos secretos.

Según algunos analistas consultados, la delación de evasores es algo que se da de hecho bajo las actuales condiciones. Generalmente se plantean casos en que una empresa competidora en un mercado conoce que otra tiene activos ocultos o no paga todos sus impuestos y entonces la delata ante el fisco.

La modificación que se pretende agregar a la Ley Penal Tributaria busca preservar la identidad de los colaboradores y los exime de responsabilidades, por ejemplo, en el caso de alguien que pertenecía a una organización y delata la evasión. Se puede asimilar en ese caso a una especie de “arrepentido”, aunque a diferencia de la ley penal común, éste no acepta ninguna culpabilidad.

Otra situación que puede ocurrir de cara al blanqueo es que dos personas se denuncien recíprocamente, cobren la recompensa, y entren al blanqueo, con lo cual el costo del impuesto a pagar sería más bajo que el 5%, 10% o 15% que se fijará en caso de que prospere la iniciativa.

Mario Volman, tributarista y profesor de la UBA, señaló al respecto que “el blanqueo puede resultar una salida” para algunos contribuyentes. Indicó que “se trata del cuarto blanqueo” que plantea el actual Gobierno. El primero fue impulsado por Sergio Massa en 2021, para invertir en la construcción, aunque no funcionó. Luego se hizo una ampliación de ese mismo plan, para exteriorizar hasta el 31 de diciembre de 2023. Con la sanción del Presupuesto 2023, se introdujeron cambios para incluir inmuebles usados para destino familiar o alquileres y para compra de insumos de proveedores del exterior.

Massa anunció este nuevo blanqueo, asociado al acuerdo FATCA con Estados Unidos, como incentivo a exteriorizar. Pero la cuestión es que la información no va a ser tan abundante como se suponía. Volman explicó que “solo van a ser cuentas de personas humanas o de empresas residentes en Argentina”. Como el FACTA contempla nada más que las rentas obtenidas de fuentes norteamericanas -no los saldos de las cuentas- los datos que se obtengan serán limitados y recién a partir del 1ro de enero próximo. La introducción de la figura del “colaborador” de la AFIP -que conduce Carlos Castagneto- pretende, de alguna manera, ser un incentivo para el nuevo blanqueo.

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