Además, destacaron que el sector podría perder alrededor de $30.000 millones en un solo día en contratos de reaseguros pendientes de pago
Escrito por Sabrina Lubrano (NA).- El Comité Asegurador Argentino (CAA) señaló que el sector podría perder $30.000 millones en un solo día por la aplicación del Impuesto País a contratos de reaseguros concertados con anterioridad al 24 de julio, pero que aún se encuentran pendientes de pago.
Por las restricciones de acceso a los dólares, la norma estableció que el impuesto se debe abonar en el momento de efectivizarse la operación cambiaria, lo que perjudica a las empresas de seguro privado.
Además, se exceptuó del mismo a las aseguradoras y reaseguradoras estatales, generando un tratamiento desigual entre actores de un mismo mercado, motivo por el cual las aseguradoras privadas solicitan también ser exceptuadas del gravamen.
En el comunicado, indicaron que “la medida adoptada por el Ministerio de Economía, a través del Decreto 377/23, por el cual se extiende el Impuesto PAIS a distintas actividades, impactará negativamente en la industria aseguradora privada. Su alícuota de 25% recaerá en los contratos de reaseguros y pagos de siniestros en el exterior, incrementando costos en todas las cadenas productivas”.
Cabe destacar que muchos de estos contratos de reaseguros ya se encuentran firmados, pero pendientes de ser abonados a la espera de recibir los dólares solicitados, demorados debido a la restricción cambiaria existente.
“Esta situación representa un golpe a la sostenibilidad de la actividad aseguradora, altera las reglas de juego y no permite a los privados cumplir con sus obligaciones contractuales”, aseguró el CAA.
Asimismo, atenta contra la libre competencia del sector, la reglamentación aclaratoria de AFIP según la cual los operadores estatales de Seguros tanto nacionales como provinciales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto País del 25% sobre los contratos de reaseguros.
El CAA considera la estatización de la actividad aseguradora, como un “golpe al mercado” que tiene como consecuencia el aumento del gasto público.
Por todo lo expuesto, desde el CAA exigieron a las autoridades “que se reglamente la exención del sector de este gravamen y que con efecto inmediato no se aplique en los contratos vigentes retroactivamente, que no se han podido pagar por razones ajenas a los Aseguradores. Y a su vez, que todos los actores de la industria aseguradora compitan con las mismas reglas y en igualdad de condiciones”, concluye el comunicado.
Fuente: El Economista
