Las normativas se extienden y se hacen más complejas; como resultado, se concentran los operadores; todos quieren ser favorecidos por un tipo de cambio especial

Llega el momento del año donde debemos hacer una evaluación de lo acontecido durante el año en materia de comercio exterior.

Hace 12 meses decíamos que era esperable que se siguiera con múltiples tipos de cambio y fuertes y cambiantes regulaciones desde el BCRA y que la administración del comercio iba a continuar a través de las licencias no automáticas (LNA). Sin embargo, pocos imaginaban la asombrosa creatividad y decisión con la que el Gobierno encaró el problema respecto a la escasez de divisas con el dólar soja, la categorización de las SIMIs en A, B y C e incluso con la irrupción del nuevo SIRA y su total dirigismo sobre las importaciones argentinas.

Bajo el paraguas normativo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, impulsada incluso dentro de la misma OMC, se instrumentó este nuevo sistema para controlar las importaciones, donde los importadores deben registrar sus solicitudes y los múltiples organismos públicos van dando su conformidad para autorizar la operación. Tanto la AFIP (Aduana y DGI) como la Secretaría de Comerico (Interior y Exterior) analizan temas de su incumbencia tan variados como si el importador tiene la suficiente solvencia económica y financiera para realizar esa operación, si ha accedido a participar en programas de acuerdos de precios, si tiene sumarios en distintas aduanas o bien si ha realizado “abuso de cautelares”. Estos organismos van “observando” la SIRA o bien dando su conformidad asignando un estado de “salida” en el sistema, llamativamente diseñado para no decir que aquella ha sido “autorizada”.

También se avanzó en integrar al BCRA en el sistema de importaciones al compartir información sobre cuándo el interesado podrá acceder al mercado de cambios para pagar cada solicitud realizada inicialmente en el SIMI. En aquel sistema se previeron mecanismos de acceso teniendo en cuenta si la posición de la mercadería en el nomenclador arancelario era bien de capital o si estaba afectada a una licencia no automática u otros parámetros más bien objetivos como cálculos de límites anuales en función de anteriores importaciones y el momento del año en el que se realizaba la solicitud.

Aunque luego, con la aparición del SIRA, mediante complejos análisis -desconocidos para los operadores- actualmente el sistema informa una fecha, que puede ir desde algunas semanas desde la aprobación hasta más de 7 meses. Lo cierto es que a los importadores se les ha asignado un plazo superior al solicitado en aproximadamente el 90% de los casos.

Algo similar ocurre en relación al pago de servicios prestados en el exterior, los que deben contar con la solicitud en el Sirase aprobada y, como si esto fuera poco, tanto para servicios como para la importación de bienes, la entidad financiera deberá finalmente registrar y consultar cada operación de cambio en la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (Ccuce).

Para cerrar aún más el grifo de salida de divisas, también se modificó el límite de valor por el cual los couriers pueden despachar a plaza las mercaderías, primero reduciéndolo de US$3000 a US$1000 por envío y vuelo aunque luego lo relajó para las MiPymes, para quienes esta vía representa un importante salvoconducto para hacerse de algunos insumos, partes y repuestos de sus máquinas.

El resultado inmediato de esto es que los importadores deben lidiar principalmente con la incertidumbre, produciéndose una concentración aún mayor de operadores, desalentando a su vez las exportaciones no alcanzadas con algún tipo de cambio diferencial o la aparición de nuevos exportadores.ß

Martín Clement (La Nación)

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