La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la administración del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) sumó en las últimas horas un dato que podría modificar el curso del expediente. La declaración de un funcionario de ARCA aportó una pista concreta sobre dónde se tomaban las decisiones clave para autorizar importaciones durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, en un período marcado por fuertes restricciones cambiarias, escasez de dólares y creciente presión empresarial.

El dato introdujo en el centro de la investigación a un nombre hasta ahora poco mencionado públicamente: Germán Cervantes, hombre de estrecha vinculación política con el espacio de Sergio Massa.

La declaración fue tomada por el fiscal Franco Picardi en el marco de una causa que intenta determinar si durante la vigencia del sistema SIRA existieron discrecionalidad, favoritismos o posibles maniobras irregulares en la aprobación de permisos de importación.

Hasta ahora, una de las principales dificultades de la investigación era establecer con precisión quién definía efectivamente qué empresas accedían a las autorizaciones y bajo qué criterios.

Ese vacío comenzó a mostrar fisuras tras el testimonio de Carlos Rodríguez, actual director de Programación y Normativas de Procedimientos Aduaneros de ARCA, quien identificó como área decisiva a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa.

Ese dato no es menor.

Durante el período investigado, esa estructura funcionaba bajo la órbita política de Germán Cervantes, entonces subsecretario de Política y Gestión Comercial, un área estratégica de la Secretaría de Comercio que dependía formalmente de Matías Tombolini, pero que operaba con fuerte peso propio dentro del esquema económico comandado por Massa.

La importancia del hallazgo radica en que, por primera vez, la investigación empieza a delimitar responsabilidades concretas dentro del entramado administrativo que regulaba el acceso a importaciones en una de las etapas más complejas de la economía argentina.

El SIRA fue, durante buena parte de 2022 y 2023, uno de los instrumentos más sensibles del Palacio de Hacienda.

Con reservas en niveles críticos y escasez de divisas, el sistema se transformó en una herramienta central para administrar el flujo de dólares y priorizar sectores estratégicos. Pero también generó fuertes cuestionamientos del sector privado, que denunciaba demoras, discrecionalidad y falta de criterios transparentes.

En ese contexto, Cervantes se convirtió en una figura clave dentro de la ingeniería económica del massismo. Empresarios de distintos sectores lo identificaban como uno de los interlocutores centrales para gestionar autorizaciones, destrabar expedientes o intentar acelerar aprobaciones.

Su repentina salida del radar político tras la derrota electoral de Massa en 2023 alimentó aún más las especulaciones.

Pero la causa no se limita al circuito administrativo.

La investigación también explora una dimensión más delicada: posibles conexiones entre autorizaciones de importación, acceso privilegiado al dólar oficial y movimientos financieros sospechosos.

En ese tramo aparecen nombres vinculados al mundo financiero y cambiario, como Elías Piccirillo y operadores bajo análisis por presuntos movimientos irregulares de divisas.

Las declaraciones recientes de testigos y exempleados sumaron piezas a ese rompecabezas. Traslados de dinero en efectivo, oficinas mencionadas reiteradamente y vínculos con cuevas financieras forman parte del material que analiza la fiscalía.

Por ahora, el expediente avanza con lentitud.

Esa demora genera interrogantes en sectores judiciales y políticos, especialmente porque la causa involucra un mecanismo que durante meses concentró enorme poder económico y discrecionalidad administrativa.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si el SIRA fue únicamente una herramienta de administración de escasez o si, además, derivó en un sistema vulnerable a favoritismos, influencias indebidas o maniobras de corrupción.

La respuesta todavía está lejos.

Pero el avance sobre funcionarios del área comercial vinculados al massismo marca un cambio relevante en el expediente. La investigación empieza a correrse del terreno abstracto del “sistema” para acercarse a nombres, áreas y decisiones concretas.

Ese movimiento podría abrir una nueva etapa judicial.

Y también política.

Fuente: Identidad Correntina