Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal acusa la existencia de una presunta maniobra de corrupción vinculada al otorgamiento de autorizaciones de importación mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. La presentación fue realizada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, con el patrocinio de la abogada Marcela Scotti.
Según el escrito judicial, el principal señalado es Germán Carlos Cervantes, ex subsecretario de Política y Gestión Comercial de la Nación, a quien se le atribuye haber administrado de manera discrecional la aprobación de permisos de importación en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.
La denuncia sostiene que numerosas empresas habrían sido obligadas a pagar sobornos en dólares estadounidenses y en efectivo para obtener la autorización de sus SIRA en plazos de entre 24 y 48 horas.
De acuerdo con la presentación, quienes no aceptaban realizar esos pagos sufrían demoras o paralizaciones en sus trámites, afectando el abastecimiento de insumos y la continuidad de la producción industrial.
El documento afirma que el monto exigido inicialmente oscilaba entre el 11 por ciento y el 15 del valor FOB de las mercaderías importadas. Como ejemplo, menciona el caso de un empresario del sector de electrodomésticos identificado por el apellido Janakis o Hanakis, cuyas firmas, según la denuncia, habrían padecido la retención deliberada de permisos de importación.
Asimismo, se señala al financista Martín Migueles como presunto responsable de coordinar la operatoria cambiaria destinada a introducir el dinero en efectivo dentro del circuito financiero informal.
La denuncia agrega que, hacia fines de 2023, la supuesta maniobra habría incorporado la participación de Daniel Scioli como intermediario entre empresarios y funcionarios, utilizando como plataforma a la Confederación General Económica (CGE) y a la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).
En ese contexto, el escrito identifica a Roberto Marquínez y Marcelo Fernández, dirigentes de esas entidades, como presuntos nexos con la oficina encargada de aprobar los permisos de importación.
Según el denunciante, bajo esta modalidad el porcentaje exigido para liberar las operaciones habría ascendido hasta el 20 por ciento del valor de las importaciones, mientras que parte de los movimientos financieros se habrían ocultado mediante balances contables presuntamente falsificados.
En cuanto a la calificación jurídica, la presentación solicita investigar posibles delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, exacciones ilegales, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público e infracciones a la Ley de Ética Pública. Además, sostiene que el presunto esquema habría provocado un perjuicio económico al Estado y afectado las reservas del Banco Central.
Como parte de las medidas de prueba, el denunciante pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados, informes patrimoniales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ), la ANSES y el Banco Central, además de requerir información sobre los trámites SIRA vinculados a las empresas mencionadas y la realización de una investigación patrimonial sobre los denunciados y sus familiares directos. También solicitó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de los acusados mientras avance la investigación judicial.
La denuncia quedó radicada en la Justicia Federal, que deberá resolver si impulsa la investigación, dispone las medidas de prueba solicitadas y determina si existen elementos suficientes para avanzar en una causa penal sobre las graves acusaciones formuladas en la presentación.
Fuente: Agencia NOVA
