Artículo escrito por el asesor del CDA, Corredactor del Código Aduanero, ley 22415 y modificaciones, Dr. Héctor G. Vidal Albarracín
Los despachantes de aduana juegan un papel crucial en el control de las transacciones comerciales internacionales. Como intermediarios entre importadores/exportadores y las autoridades aduaneras, estos profesionales están obligados a reportar cualquier operación inusual o sospechosa que detecten durante el proceso de despacho de mercancías. Este requisito de reporte constituye una herramienta vital en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El reciente DNU N° 70/23 no tuvo en cuenta esa función esencial y eliminó el registro de los despachantes de aduana, abriendo una brecha significativa no solo en el sistema de control y supervisión aduanera, sino en la lucha contra el lavado de dinero. Dichos profesionales son una pieza fundamental en la detección y prevención del lavado de dinero. Sin su participación activa y supervisión, se corre el riesgo de que se produzca un aumento en las actividades delictivas a través del comercio internacional”.
Paso a explicarlo. Imaginemos que, debido a la reforma, se permite que un número considerable de personas que no son despachantes de aduana documenten operaciones ante la aduana. Si esto conlleva a una disminución drástica en la cantidad de operaciones documentadas por despachantes de aduana (que oscila en el 97 % de las operaciones documentadas ante la aduana), la UIF perdería acceso a información valiosa para detectar posibles casos de lavado de dinero en el comercio internacional. Por ejemplo, si antes se reportaban 100 operaciones sospechosas, pero luego de la reforma solo se reportan 50, se estaría perdiendo la mitad de la información que antes estaba disponible para la detección de lavado de dinero. Esta pérdida de información esencial podría hacer que las operaciones aduaneras sean un blanco más atractivo para los lavadores de dinero, ya que habría menos posibilidades de que sus actividades sospechosas sean detectadas. Por ejemplo, podrían sub o sobrevalorar mercancías, o realizar transacciones con empresas fantasma de manera más impune al haber menos reportes de operaciones sospechosas
Asimismo, no cabe duda que la medida tendrá repercusiones negativas en la reputación internacional del país en términos de cumplimiento normativo y transparencia financiera. En un momento en que la comunidad internacional está intensificando sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, esta medida podría enviar una señal equivocada sobre el compromiso del país en la lucha contra estos delitos, más aún especialmente en vísperas de la visita programada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar las políticas del país en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Resulta claro que, el GAFI, organismo intergubernamental que establece estándares internacionales en materia de seguridad financiera, realizará una revisión exhaustiva de las políticas y medidas implementadas por el país para prevenir y combatir el lavado de dinero. Esta evaluación, que tendrá lugar en las próximas semanas, podría tener un impacto significativo en la percepción del país en los mercados financieros internacionales y en las decisiones de inversión futuras.
Lo expuesto, lleva a considerar que el gobierno recapacite y reconsidere su decisión, para lo cual el Centro de Despachantes de Aduana ofrece su colaboración para encontrar alternativas que permitan mantener la integridad y eficacia del sistema de control aduanero y su rol en la lucha contra el lavado de dinero.
Fuente: CDA
