Al momento de efectuarse el pago de servicio bajo código S30 de flete Internacional bajo condición FOB se advierte la presencia de una alteración administrativa en el cumplimiento de MULC.

Esto se evidencia a partir de la errónea e innecesaria exigencia de documentos, producto de que las entidades financieras, al actuar como agentes de seguimiento cambiario, solicitan al agente de transporte (Agente de carga) la copia del despacho de importación para autorizar el giro de divisas al exterior, y este, a su vez, traslada mecánicamente dicho requerimiento al importador local.

Falta de sustento técnico-legal

La exigencia documental que parte de la entidad bancaria hacia el Agente de Transporte, para concluir en el propio importador, merece una observación cuando se aplica a operaciones pactadas bajo la condición de compra Free on Board.

Para comprender la raíz de esta inconsistencia, se debe analizar el ordenamiento dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Texto Ordenado de las Normas sobre «Exterior y Cambios». Mediante la cual se recopila las modificaciones vigentes bajo la Comunicación «A» 8307.

A partir de ello, debe indicarse que la normativa cambiaria dejó sin efecto el histórico código genérico S02 correspondiente a servicios de fletes, obligando en la actualidad a los operadores a encuadrar sus transacciones bajo la apertura específica del código S30 (Servicios de fletes por operaciones de importaciones de bienes) cuando se trata del transporte internacional de mercaderías hacia el territorio nacional.

Por su parte, el punto 13 de la referida Comunicación «A» 8307, no determina que, para dar curso al pago de servicios, las entidades financieras debieran requerir la presentación del Registro de Ingreso Aduanero de los bienes correspondiente a los fines de verificar la fecha de prestación del servicio por parte de la contraparte del exterior. Sin embargo, bajo una interpretación de contraria se impone una regla, por parte de las mesas de cambio de las diferentes entidades bancarias, direccionando un recaudo hacia el Agente de transporte (y de este hacia su cliente importador), lo cual conlleva a incurrir en un error interpretativo de la norma, generando una exigencia arbitraria.

El contrato de compraventa y el contrato de transporte 

En una operación bajo términos FOB, el contrato de compraventa internacional de bienes y el contrato de transporte internacional de mercaderías gozan de total autonomía jurídica. El importador argentino es quien contrata de forma independiente el flete internacional y asume la responsabilidad del transporte desde el puerto de embarque extranjero. Cuando un Agente de transporte local interviene para coordinar dicho tramo y consolidar la carga, actúa como un intermediario que recauda el costo del flete localmente para luego girarlo a su red o contraparte en el exterior.

La distorsión operativa ocurre cuando la entidad bancaria le exige indebidamente el despacho de importación nacionalizado al Agente de transporte como si fuera el importador directo del bien. El Agente de transporte, ante la presión del banco para liberar el giro del código S30, traslada de inmediato esa exigencia al importador argentino. Condicionar el giro del flete a la oficialización y entrega de la destinación aduanera definitiva de importación para consumo genera un bloqueo procedimental indebido.

A ello se suma que, en variadas ocasiones las Agencias marítimas frecuentemente retienen la liberación de la documentación aduanera de origen hasta que el flete no se encuentra cancelado o garantizado en origen, impidiendo al importador nacionalizar la mercadería.

Protección de datos 

Más allá de la inconsistencia en materia cambiaria y la desnaturalización del sistema de cobros y pagos de giros diferidos regulados, esta exigencia indiscriminada que los bancos imponen a los Agentes de transporte, y estos a los importadores colisiona de forma directa con el marco legal de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

El objeto primordial de esta legislación es garantizar el derecho a la intimidad, al honor y al control de la propia información por parte de sus titulares, imponiendo a quienes manejan u obtienen acceso a documentos la obligación legal de mantener la más estricta reserva, confidencialidad y seguridad de la información. En este encuadre, el artículo 4° de la referida norma marca el Principio de Calidad de los Datos, el cual determina que la información recolectada por un tercero debe ser adecuada, pertinente y no excesiva en relación con el ámbito y la finalidad para los que se hubieren obtenido.

El despacho de importación es un documento aduanero e impositivo de altísima sensibilidad comercial, cuyo contenido excede por completo los datos pertinentes para validar un servicio de transporte logístico. En tal documento constan las posiciones arancelarias específicas de los bienes, las descripciones técnicas pormenorizadas, los valores FOB unitarios que revelan los márgenes de negociación con el exterior, las bases de cálculo impositivo y los datos de contacto directos de los proveedores globales del importador, marcas, licencias, patentes y otros ajustes.

Es aquí, entonces, donde en el esquema de esta práctica se expone de manera injustificada el know-how comercial y la cadena de suministro del importador ante eslabones bancarios e intermediarios logísticos que no guardan relación con la compra del bien. Conllevando a producir un quiebre de la obligación legal de confidencialidad.

Considerando que la acreditación de la genuinidad de la operación ante el Mercado Libre de Cambios no habilita vulnerar los derechos del importador, ni requerir la entrega del despacho. El servicio de transporte internacional se perfecciona con la emisión y entrega de la documentación de soporte que incluye el Bill of Lading (B/L), la Air Waybill (AWB) o la Carta de Porte internacional (CRT), donde constan los términos de flete bajo la modalidad Collect. Por lo tanto, las entidades bancarias pueden recolectar y armar la trazabilidad de la operación mediante los manifiestos de carga (pantallas sistema Malvinas del Agente) y los documentos emitidos por los transportistas efectivos internacionales, que constatan la efectiva prestación del servicio logístico hacia la República Argentina sin exigir de forma accesoria e innecesaria documentos aduaneros de la mercadería.

Imaginemos, que somos importadores de mercaderías adquiridas bajo condición FOB, que la carga ha arribado al país y que el flete internacional correspondiente ya ha sido abonado al agente local. Supongamos, asimismo, que por una circunstancia ajena al pago del flete la mercadería queda sometida a una situación de rezago, imposibilitando su ulterior ingreso a plaza mediante un despacho de importación.

¿Deberíamos entonces concluir que el agente de transporte queda impedido de efectuar el giro al exterior correspondiente al servicio de flete efectivamente prestado y, a su vez, que el pago de dicho servicio queda condicionado a la efectiva nacionalización de la mercadería?

La respuesta parece difícil de sostener si se tiene en cuenta que estamos frente a obligaciones y hechos jurídicos diferentes: por un lado, la prestación y el pago de un servicio de transporte internacional ya cumplido y, por el otro, la eventual destinación aduanera que pudiera corresponder a la mercadería arribada al país.

En tal supuesto, entendemos que la acreditación del servicio mediante una declaración jurada de ingreso debería resultar suficiente, conjuntamente con la documentación y demás elementos de prueba individualizados precedentemente, para acreditar la efectiva prestación del servicio y encuadrar el pago dentro de lo previsto por el punto 13.1.1 del T.O.

Conclusión

Para recuperar la fluidez del comercio exterior nacional y asegurar el adecuado cumplimiento del marco legal y reglamentario vigente, resulta necesario que las entidades financieras revisen y adecuen sus procedimientos internos de relevamiento y validación de la documentación requerida para el pago de servicios al exterior.

En particular, la validación cambiaria correspondiente al giro de fletes internacionales vinculados con operaciones de importación pactadas bajo condición FOB debería circunscribirse a la documentación necesaria y suficiente para acreditar la existencia, naturaleza y efectiva prestación del servicio de transporte internacional, atendiendo a los instrumentos propios de dicha operación y a la documentación generada por el agente de transporte en el desarrollo de su actividad, incluyendo sus propios comprobantes de cobro, facturas, constancias de pago, certificaciones, conocimientos de embarque y las manifestaciones efectuadas en los sistemas aduaneros correspondientes.

La exigencia adicional de documentación ajena a la acreditación específica del servicio y, particularmente, aquella que obligue al agente de transporte a requerir y trasladar a sus clientes documentación aduanera, tributaria o comercial que no resulta necesaria para acreditar la prestación efectivamente realizada— introduce una carga administrativa que excede la finalidad propia del control cambiario.

Cuando esa exigencia termina condicionando el pago de un servicio de transporte internacional ya prestado a la previa acreditación de la nacionalización o destinación aduanera de la mercadería, se produce una indebida vinculación entre obligaciones de naturaleza diferente; por un lado, el cumplimiento de la prestación de transporte y el pago de su correspondiente contraprestación y, por otro, la situación aduanera de la mercadería transportada.

El control cambiario no debería transformarse, de este modo, en un mecanismo indirecto de control de la situación aduanera o tributaria del importador cuando ello no resulte expresamente exigido por el régimen aplicable al concepto de pago.

La revisión de estos procedimientos permitiría, por tanto, preservar simultáneamente los objetivos de control cambiario y la necesaria fluidez, previsibilidad y eficiencia de las operaciones de comercio exterior, evitando que exigencias documentales que excedan el marco normativo aplicable terminen trasladando al sector privado cargas administrativas que no le corresponden.

Por Lic. Natalia Iglesias (Aduana News)

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