El dato es clave para la negociación de la nueva meta de déficit primario que el Gobierno negocia con el FMI

Cuando en las próximas horas el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, se sienten con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el sprint final de las negociaciones que mantienen desde hace tres meses, uno de los puntos a cerrar será el costo de la sequía y cómo impactó en la recaudación fiscal, para de ese modo poder fijar una nueva meta de déficit primario para 2023.
Es decir, que el costo fiscal de la sequía sobre las retenciones habría sido de 0,5 puntos del PBI hasta ahora, según el análisis del IARAF. Es porque el año pasado explicaban el 0,8% del PBI y este año bajaron al 0,3% durante el primer semestre. Por su lado, los aranceles y la tasa de estadística perdieron otro punto. Es evidente que la merma en la recaudación de los tributos relacionados con las compras al exterior se vincula con la menor cantidad de dólares disponibles y la menor actividad que va de la mano con ello. Los aranceles explican este año 0,27% del PBI, según indican los datos privados.
El informe señala, además, que entre enero y junio la recaudación fiscal cayó 6,1% en términos reales. Los tributos con mayor caída en el período habrían sido derechos de exportación (59%), Combustibles (41,3%) y derechos de importación (16,7%). Los tributos con mayor aumento habrían sido Bienes Personales (9,6%), IVA (5,9%) e internos coparticipados (5,3%).En las negociaciones con el FMI se espera que se negocie una nueva meta de déficit primario que sería del 2,4% al 2,5% del Producto, teniendo en cuenta la caída de la recaudación de los impuestos al comercio exterior, que marcan la diferencia. Algunos analistas señalan que si no hubiera habido sequía el ministro de Economía, Sergio Massa, habría podido cumplir con las metas.

Como el año pasado se habían podido usar 0,3 puntos de PBI de “rentas de la propiedad”, lo que le permitió al gobierno llegar al 2,4% previsto para el primer año del acuerdo, para poder repetir la misma meta el ajuste que le quedaría al equipo económico por delante sería de 0,9 puntos por lo menos.

La consultora LCG plantea que “en lo que va del año la recaudación promedia una caída del 6,3% anual medida en términos reales y 29% de ese total se explica por la retracción de los derechos de exportación afectados por la sequía y por la baja de derechos de importación asociados a una caída en las compras en el marco de menores divisas”.

“No obstante, en junio también empieza a pesar el desplome de buena parte de los impuestos vinculados a la actividad interna, que empieza a más que superar la expansión del IVA DGI traccionada por el uso de menor cantidad de dinero físico en un contexto inflacionario”, advierte la consultora.

Por Carlos Lamiral (Ámbito)

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