Tras la federalización de Buenos Aires en 1880, la Nación centralizó la recaudación aduanera, consolidando a las retenciones como recurso propio del Tesoro.

A principios del siglo XX, con el auge agroexportador, los derechos de exportación tuvieron menor relevancia fiscal porque se favorecía la competitividad internacional. La crisis mundial y el golpe de 1930 llevaron a reinstalar las retenciones como instrumento de recaudación y de control del comercio exterior.

Entre los años 1940 y 1950, en la época del Peronismo, se establecieron retenciones elevadas sobre el agro para transferir recursos al sector industrial y urbano. Entre 1960 y 1970, oscilaron de acuerdo a los gobiernos de turno, combinando estímulos a exportaciones industriales y control sobre productos primarios.

Durante la dictadura militar en el período 1976-1983, se intentó reducirlas para favorecer al agro, aunque siguieron existiendo. Luego, en los gobiernos de Menem en la década del 90, en el marco de la liberación comercial, las retenciones se eliminaron.

Se reimplantaron en el año 2002, post-crisis 2001, en forma generalizada como mecanismo de emergencia fiscal y para capturar renta extraordinaria derivada de la devaluación ocurrida.

Desde entonces, las retenciones se convirtieron en un instrumento estructural de política económica, tanto para recaudar como para desacoplar precios internos de los internacionales.

En el año 2008 la llamada “Resolución 125”, que proponía retenciones móviles sobre la soja, generó un conflicto histórico entre el gobierno y el sector agropecuario. Tal es así, que en ese año la participación de los derechos de exportación representaba el 24% de la recaudación total y un 3% del P.B.I..

En el período 2015-2019 (gobierno de Macri) hubo eliminación, salvo la soja y luego reimplantaciones (2018) por necesidad de ingresos fiscales.

Desde 2020 en adelante se mantuvieron con modificaciones, según tipo de producto (agro, minería, hidrocarburos, manufacturas), constituyendo una de las principales fuentes de divisas y de recaudación nacional.

Actualmente siguen siendo una herramienta útil en términos de recaudación pero altamente controvertida y distorsiva. Aporta ingresos y en cierta medida ayuda a estabilizar precios internos, pero desincentivan las exportaciones.

Sólo 12 países, entre los cuales está la Argentina, han implementado impuestos a las exportaciones: Argentina; Rusia; Uzbekistán; Indonesia; Kazajistan; Costa de Marfil; Tanzania; Uganda; Guinea; Camboya; Irán y Camerún.

Su importancia a nivel recaudación ha ido variando. Fueron una herramienta clave de recaudación y política económica desde 1967, con picos históricos en 2008. Ese año, su participación en el PBI alcanzó el 3 % y luego descendió.

En 2024 representaron alrededor del 1 % del PBI y cerca del 5% de la recaudación total en los primeros ocho meses de 2025.

Claramente es un contrasentido que un país de escasas reservas grave con impuestos a las exportaciones, generadoras de divisas.

Las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, cuando dispuso la reducción a cero de los derechos de exportación para ciertos productos en forma transitoria, actualizaron el debate en cuanto a su existencia como fuente ingresos.

En primer lugar el Decreto 682/2025 que estableció en 0% la alícuota para cereales y oleaginosas y sus derivados, hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcanzara la suma de registraciones de declaraciones juradas de venta al exterior equivalente a U$S 7000 millones. En tres días se alcanzó este último importe.

En segundo lugar, el Decreto 685/2025 que estableció en 0% la alícuota del derecho de exportación para animales vivos, carnes y derivados, en este caso hasta el 31 de octubre de 2025.

Con equilibrio fiscal sustentable, sin duda el desafío es eliminarlas en forma permanente. Ello generará mayor rentabilidad a los productores, incentivará la inversión en tecnología, mejorando la productividad, la oferta de dólares y la expansión de las exportaciones.

Con un sector exportable más dinámico, puede generarse mayores ingresos en las zonas productivas del interior del país y esto, indiscutiblemente, se traduce en un aumento de la demanda para insumos, transportes, servicio, empleo, es decir, se lograría un efecto multiplicador y reactivador de la economía.