Las escuchas telefónicas y la pesquisa del fiscal Picardi ponen en el centro a redes que habrían usado el sistema de importaciones para apropiarse de dólares oficiales; la causa suma nombres, montos y dudas sobre la responsabilidad de funcionarios de alto nivel.
El control de cambios no es una novedad aislada en la historia argentina: su primera versión moderna se remonta a 1931, cuando José Félix Uriburu implementó restricciones que marcaron el inicio de una larga sucesión de regímenes cambiarios atados a la política. Ese antecedente, más que arqueológico, ilumina por qué los controles se reciclan como herramienta ante crisis de reservas y desequilibrios externos.
La vida sigue siendo dura para quienes compiten a diario por un empleo, un cliente o una oportunidad en un mercado acotado y con escasa inversión. Sin padrinos y contactos, prosperar resulta una tarea heroica en una economía donde los accesos al Estado suelen determinar resultados privados.
Un funcionario público, por definición, puede ofrecer condiciones distintas a las de un consumidor o un proveedor vigilante. Por ello, muchos capitales se han construido en los pasillos estatales o en cenas privadas con autoridades, tejiendo acuerdos que no surgirían en la competencia abierta. En América Latina, las grandes desigualdades suelen ser más resultado de la captura del Estado por grupos de interés que de la sola dinámica de mercado. Contrataciones predeterminadas, monopolios asignados y mercados cautivos han generado plusvalías compartidas entre sectores cercanos al poder. En la Argentina contemporánea es difícil señalar una actividad donde no aparezcan actores prósperos ligados de algún modo a lo público, en connivencia con políticos, sindicalistas o empresarios cercanos al Estado.
En ese panorama, el mercado de cambios ha sido históricamente uno de los ámbitos más tentadores para la apropiación de renta: implica transferencias o cobros desde el exterior, con partes fuera de la jurisdicción que dificultan las auditorías. A través de los años, la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones han funcionado como vías preferentes de fuga de capitales, junto con pagos por intangibles inflados como regalías, honorarios o dividendos. Como los modelos económicos que priorizaron la “soberanía” por sobre la competitividad no generaron dólares suficientes para la producción, se volvieron habituales las restricciones a movimientos de capital, permisos previos para importar, la obligación de liquidar divisas y otras trabas que, en la práctica, perjudicaron al público y beneficiaron a los que supieron navegar la discrecionalidad.
Los controles buscan preservar una oferta de dólares “baratos” para insumos e importaciones industriales, apoyándose en exportaciones agrícolas y acotando usos de particulares. Suelen operar con mercados paralelos —comercial y financiero—los que, por definición, generan brecha y oportunidades de arbitraje. La redacción de circulares del Banco Central y los anexos de reglamentaciones han sido terreno fértil para el lobby: agregar un inciso o eliminar un acápite puede cambiar el destino de millones. Desde el Ministerio de Economía también se procuró proteger las reservas limitando importaciones; en otros tiempos se recurrió a aranceles para racionar por precio, pero con menor discrecionalidad que en las épocas en que bastaba pagar para importar sin mayores controles.
Es inverosímil que las máximas autoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP hayan ignorado la tropa de elefantes que pasaba bajo sus narices
En 1990 aparecieron las licencias no automáticas para proteger sectores sensibles, aunque la mayoría de las importaciones circulaba con relativa fluidez. Desde 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, ese régimen se fue endureciendo: la automaticidad se redujo y la discrecionalidad creció. En 2011 la intervención de la AFIP y el llamado “cepo cambiario” institucionalizaron decisiones caso por caso; entonces, Guillermo Moreno, secretario de Comercio, impuso prácticas que exigían a importadores cumplir con contraexportaciones bajo mecanismos rudimentarios. En 2012 se formalizó esa lógica con la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), que centralizó facultades de veto sobre operaciones de comercio exterior.
En 2018 se instrumentó el SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), que demoraba e imponía opacidad sobre licencias no automáticas. Frente a recursos judiciales, en 2022 se introdujeron las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) de gestión electrónica, un mecanismo que implicaba la aprobación simultánea de la AFIP, la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central. Las SIRA operaron hasta fines de 2023, cuando el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) eliminó las licencias previas.
Por una investigación surgida a partir de escuchas telefónicas entre operadores, el fiscal federal Franco Picardi detectó el año pasado un “universo interrelacionado de agencias y casas de cambio para acceder a dólares al tipo de cambio oficial” durante el cepo, con la presunta “connivencia de funcionarios del BCRA”, y posterior venta en el mercado paralelo donde la brecha superaba el 100%. Aparecieron nombres como Elías Piccirillo, Martín Migueles, Francisco Hauque, Ariel Vallejo y otros operadores que, según la fiscalía, lograban la aprobación de las SIRA para obtener dólares oficiales en un contexto de escasez, incluso para medicamentos o bienes de capital. La causa está radicada ante el juzgado federal de Ariel Lijo, con la investigación a cargo de Picardi, quien busca determinar la extensión de las responsabilidades y ha puesto en tensión a sectores del peronismo en plena renovación interna.
La fiscalía sostiene que Migueles “intermediaba a través de un contacto con vinculaciones en la Secretaría de Comercio y/u otros organismos del Estado” para lograr aprobaciones de trámites SIRA a cambio de sobornos. Ese contacto, según las grabaciones, “percibía entre un 10% y 15% del valor de las importaciones”. Con importaciones por 73.714 millones de dólares en 2023, los pagos ilegales podrían superar con creces la cifra de los 1000 millones de dólares. Dada la magnitud, resulta difícil aceptar que las máximas autoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP no advirtieran anomalías significativas. Como revelaron operadores del sector, se comentaba en despachos de despachantes e importadores que las “coimas” se pagaban en habitaciones de hoteles o en oficinas de Puerto Madero, donde se intercambiaban bolsos de dinero.
Picardi sugiere que estamos ante una asociación ilícita de alcance superior a otras causas recientes —como la denominada “causa Cuadernos”— aunque con menor resonancia pública por no involucrar a grandes grupos empresariales. Al igual que aquella, la hipótesis fiscal no es la de hechos aislados sino la de una red que habría utilizado prerrogativas públicas para lucrar masivamente.
En el periodo investigado, el presidente era Alberto Fernández y Sergio Massa ejercía como ministro de Economía desde julio de 2022. Matías Tombolini, designado por Massa, tuvo responsabilidad directa sobre las SIRA; Miguel Ángel Pesce presidía el Banco Central; Guillermo Michel dirigía la Aduana; y la AFIP estaba a cargo de Carlos Castagneto. La investigación deberá establecer si esas autoridades participaron del esquema o si se trató de desviaciones cometidas por subordinados; por ahora rige el principio de inocencia.
Análisis y proyecciones: Los controles cambiarios, como muestran la teoría y la experiencia latinoamericana, tienden a crear incentivos para el mercado paralelo, la fuga de capitales y la captura por parte de intermediarios que explotan la discrecionalidad. A corto plazo, la continuidad de prácticas de aprobación selectiva puede presionar las reservas y agravar la escasez de insumos estratégicos, lo que a su vez alimenta inflación y reduce la inversión. A mediano plazo, sin reformas que transparenten procedimientos y reduzcan la discrecionalidad (por ejemplo, mayor automatización, trazabilidad de operaciones y sanciones eficaces), es probable que persistan los arbitrajes y la litigiosidad judicial. Políticamente, el impacto dependerá de la claridad que la fiscalía y la justicia aporten al proceso: una condena amplia podría forzar cambios administrativos y políticos; un cierre judicial sin culpables podría profundizar la desconfianza pública.
Evolución del tema y cambios de postura hasta 2023: La política cambiaria argentina transitó en décadas entre aperturas temporales y retornos a controles: períodos relativamente liberados en 1959-1962, 1967-1970 y 1979-1982; la convertibilidad (1991-2001) ofreció once años sin controles sistémicos; luego, la crisis de 2001-2002 y la ley de emergencia revirtieron ese escenario. Desde principios del siglo XXI hubo un viraje hacia la regulación y la intervención: en la administración de Néstor Kirchner se multiplicaron las restricciones a las importaciones y la discrecionalidad creció; la década siguiente consolidó instrumentos de control como la DJAI, el SIMI y finalmente las SIRA. Al mismo tiempo, los actores estatales —BCRA, AFIP y la Secretaría de Comercio— pasaron de roles más técnicos a posiciones con mayor margen discrecional, mientras que sectores privados aprendieron a operar mediante redes de intermediarios y atajos legales o ilegales. Hacia fines de 2023 se observó un intento administrativo por reducir la discrecionalidad con la implementación del SEDI, pero la investigación judicial deja en evidencia que, durante años, las prácticas informales y la captura institucional tuvieron alto costo para la economía.
Fuente: Identidad Correntina
