Con medidas arancelarias, cambiarias y simplificación administrativa el Gobierno profundizó en julio y agosto de 2025 su estrategia de apertura. Así lo refleja un informe de una consultora privada que analiza las decisiones recientes y anticipa que la clave estará en cómo la economía real pueda capitalizar los cambios.

Según LP Consulting, durante estos meses “el Gobierno profundizó la estrategia de desregulación y simplificación de las operaciones vinculadas al comercio exterior, acompañada por ajustes en el acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC). Las iniciativas, valoradas por operadores y sectores estratégicos, buscan mejorar la competitividad y generar un marco más previsible para la inserción internacional de la economía argentina”.

Uno de los capítulos más relevantes es el referido a la reducción de retenciones y aranceles. LP Consulting destaca dos decretos presidenciales. Por un lado, el Decreto 513/2025 que modificó el esquema arancelario de bienes de capital, con reducciones específicas para insumos de la industria metalúrgica, alimentaria, energética y de hidrocarburos. Por otro, el Decreto 526/2025: bajó en forma permanente los derechos de exportación de productos agroindustriales y consolidó la exención arancelaria para economías regionales, lácteos y porcinos.

Para la consultora, las rebajas son significativas: la carne vacuna y aviar pasó de 6,75% a 5%. El maíz y el sorgo bajaron de 12% a 9,5%. El girasol, de 7,5% a entre 5,5% y 4%. Y la soja —el producto más sensible— retrocedió del 33% al 26%, como asi también los subproductos lo hicieron del 31% al 24,5%.

 “Las iniciativas, valoradas por operadores y sectores estratégicos, buscan mejorar la competitividad y generar un marco más previsible para la inserción internacional de la economía argentina,” explican.

En cuantos las flexibilizaciones cambiarias, el informe repasa la Comunicación “A” 8296 que habilita a los exportadores con prefinanciaciones ingresadas y liquidadas a acumular divisas en cuentas en moneda extranjera —locales o externas— para garantizar el repago de esas operaciones hasta un 125% del capital e intereses. Según detallan, la medida que apunta a reducir riesgos financieros “se limita a prefinanciaciones de al menos tres años de plazo con un año de gracia, o bien dos años de vida promedio con dieciocho meses de gracia”.

Además, la Comunicación “A” 8304 introduce cambios en la declaración del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE). A partir de enero de 2026, las empresas con activos y pasivos externos inferiores a US$10 millones presentarán información solo una vez al año, mientras que las compañías más grandes mantendrán la obligación trimestral. El objetivo: aliviar la carga administrativa sobre pymes y operadores de menor escala.

Otro punto central fue el final de la Serie 4 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL): “Se adjudicaron US$845 millones sobre los US$3.000 millones disponibles, reafirmando el rol del instrumento como vehículo de regularización de deuda comercial previa al 13 de diciembre de 2023, dividendos hasta diciembre de 2024 y ciertas obligaciones financieras intrafirma”, precisan.

En su balance, el informe resalta que los cambios son coherentes con la búsqueda de mayor previsibilidad y competitividad, pero advierte sobre la necesidad de consistencia macroeconómica: “El conjunto de medidas refleja un esfuerzo por alinear la política comercial y cambiaria con compromisos de largo plazo, orientados a simplificar trámites, reducir costos y mejorar el entorno regulatorio”. Más allá de esto, resaltan que el verdadero impacto dependerá de la capacidad de los sectores productivos para capitalizar las nuevas condiciones y de la consistencia macroeconómica que acompañe al proceso.

Por ROCÍO KALENOK (Newsweek Argentina)