“Todo aumento de derechos a la exportación que resulte de la “Ley Ómnibus” tiene un impacto negativo en la competitividad de la Argentina, y por tanto en la inversión, el nivel de exportación y el empleo”, dijo la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) mediante un comunicado.

La CERA propone una “solución conservadora”: mantener los derechos, sin aumentos, solo para ciertos productos como soja, maíz, trigo, cebada y girasol, con una reducción gradual anual.

Frente a la evolución de las negociaciones en el Congreso y la potencial eliminación favorable de derechos para economías regionales, la organización insiste en la eliminación inmediata de derechos también para bienes industriales, carne, pesca y productos orgánicos, con la garantía de que no se reinstauren en el futuro.

Aporte constructivo

Luego, destacan que la CERA expresó de manera constructiva, tanto en la Cámara de Diputados como en distintos espacios de diálogo, su inquietud y preocupación sobre la propuesta de aumento de derechos a la exportación, incluida en el proyecto.

Fernando Landa, presidente de CERA, destacó la importancia de abordar este tema crítico que afecta directamente al empleo, las inversiones y la competitividad del país.

Desde la institución, se enfatiza en la necesidad de adoptar a la competitividad como una política de Estado, reconociendo el papel fundamental que juega la exportación en el crecimiento sostenible y en la colaboración esencial entre el sector público y privado para alcanzar este objetivo.

La propuesta de aumento de derechos a la exportación, especialmente en manufacturas de origen industrial y agroindustrial, ha sido objeto de críticas por parte de CERA.

Landa citó datos preocupantes, como la disminución del 33% en empresas exportadoras en los últimos 15 años y una caída de participación de las pymes a sólo 7% en el total exportado. Además, señaló que la Argentina perdió 4000 empresas exportadoras y medio millón de empleos directos e indirectos en ese mismo período.

El impacto de las retenciones en las exportaciones nacionales ha llevado a una reducción significativa en la participación mundial de la Argentina en el comercio, llegando al 0,25% en 2023. Eso se traduce en pérdidas anuales por US$42.000 millones y un estancamiento de las exportaciones totales durante los últimos 16 años, afectando especialmente a las manufacturas agropecuarias e industriales.

Contradicción

Para CERA existe una contradicción entre la propuesta de aumento de derechos que empeora la competitividad nacional, y los avances logrados en el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

“La imposición de gravámenes adicionales contrasta con la tendencia mundial de subsidios y políticas industriales expansivas. Asimismo, aplicar derechos de exportación es antifederal, al no ser coparticipable y sustituir un impuesto progresivo y coparticipable como es el impuesto a las ganancias”, añade el documento.

“El principal problema del gasto nacional es la seguridad social (destino de más del 45% de los fondos del Estado nacional). En un país con la favorable pirámide demográfica que posee Argentina, la solución genuina sería la generación de empleo a través del comercio internacional como lo ha sido en todo el mundo”, agregó Landa.

Para el Presidente de CERA existen opciones aún no consideradas para mejorar el resultado fiscal sin comprometer el empleo y el desarrollo, más allá de que según Landa, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, ha considerado a las retenciones como “contrarias al desarrollo nacional”.

Fantasma inflacionario

En medio de estas discusiones, se vislumbra una realidad preocupante que pocos están dispuestos a abordar de frente: el consenso empresario de que estas medidas afectarán negativamente el monto exportado, alerta CERA.

“Es universalmente aceptado que imponer derechos a la industria no es una práctica común, y esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la dirección que está tomando la política económica. La medida se presenta como una especie de solución a la incapacidad para recortar gastos, lo cual plantea riesgos considerables para la estabilidad económica y el desarrollo sostenible”, concluyó Landa.

“El fantasma inflacionario será entonces el instrumento de última instancia para el Ejecutivo si, como indican las proyecciones empresariales de la CERA, la exportación cae y la recaudación no mejora, sino que ocurre exactamente lo contrario producto de una presión fiscal confiscatoria. En conclusión, la imposición de derechos a la exportación como solución frente al gasto público actual presenta contradicciones significativas, principalmente la posibilidad concreta de un rebrote inflacionario y pérdida de empleo”, dicen desde la organización antes de reiterar el pedido para no avanzar con la instrumentación de un “impuesto regresivo y antiexportador”.

Fuente: Trade News

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