El 17 de octubre de 2022 se instrumentó en el país el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el propósito de brindar “previsibilidad y trazabilidad” a las importaciones y, a fin de cuentas, ejercer un mayor control a través de un trabajo conjunto entre la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central para evaluar el “perfil de riesgo” de los importadores y tratar de evitar la salida de divisas por este medio.

Pasado ya un mes de la implementación del nuevo sistema, los reclamos al gobierno por su funcionamiento han sido numerosos. Desde el sector productivo se ha apuntado principalmente a  los retrasos en la aprobación de solicitudes (en algunos casos demoran semanas) y a la arbitrariedad en los plazos otorgados para el acceso al mercado de cambios. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó al ministro de Economía, Sergio Massa, que “hay empresas que llegan a una situación crítica de los stocks o algunas hasta tienen quiebres”. Las restricciones incluso han provocado que ciertas compañías frenen su producción de manera temporaria por falta de materias primas.

El nuevo sistema implicó, prácticamente, una eliminación del pago anticipado de importaciones. A pesar del establecimiento de un cupo limitado para PYMEs, el grueso de las importaciones debe cursarse con pago diferido. A esto se suma el problema de que muchas de las operaciones son aprobadas con plazos de pago superiores a los solicitados por las empresas, los cuales no suelen ser aceptados por los proveedores del exterior y tornan la importación inviable.

A día de hoy, los criterios exactos que utilizan los organismos intervinientes para aprobar solicitudes y otorgar plazos de pago son una incógnita, al igual que sus tiempos de gestión, creando un escenario de mucha incertidumbre para los importadores, especialmente aquellos que necesitan proveerse de insumos para la producción.

A nivel internacional, el sector empresarial uruguayo expresó a su gobierno la preocupación por los efectos que las medidas implementadas por Argentina pueden tener en su comercio exterior. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló al respecto: “es una medida de las tantas que ha tomado el gobierno argentino, que es independiente de tomarlas, lo que pasa es que algunas en cierta manera perjudican al Mercosur”. También remarcó que están llevando a cabo “tratativas diplomáticas”, aunque desde el sector empresarial plantean como una alternativa no deseada que Uruguay acuda al Sistema de Solución de Controversias del Mercosur para impugnar la medida.

De esta manera, las acciones de política comercial tomadas por Argentina para frenar el drenaje de reservas del Banco Central pueden tener importantes consecuencias internacionales. Es sólo cuestión de tiempo hasta que otros países del mundo se hagan eco de las dificultades de sus empresas para ingresar productos en el mercado argentino y comiencen a elevar sus preocupaciones y reclamos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cabe recordar que Argentina ya ha sido objetada en el marco de la OMC en varias ocasiones. En 2015, un fallo del organismo dejó sin efecto las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación), establecidas en 2012 por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y denunciadas ante la OMC por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea por constituir una restricción contraria a los compromisos comerciales asumidos por Argentina. Este fallo dio lugar en 2016 a la creación del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que dejó de existir el mes pasado con la implementación del nuevo SIRA.

A estas posibles consecuencias internacionales se suma un fenómeno que se da cada vez más en el puerto de Buenos Aires y se puede profundizar en los próximos meses: el “blank sailing”, es decir, la cancelación de la escala de un buque en un puerto. Debido al bajo flujo de mercaderías en Buenos Aires, muchas compañías navieras deciden “saltear” el puerto y destinar los buques portacontenedores a rutas más rentables, generando demoras adicionales para los importadores y dejando a los exportadores con menos frecuencias para cargar sus productos.

De esta manera, la utilización de la política comercial como un medio para compensar desequilibrios macroeconómicos plantea una serie de efectos negativos para el país. La escasez de dólares termina subordinado la política comercial a necesidades de corto plazo, afectando la estructura productiva argentina por el aislamiento y la falta de insumos y, al mismo tiempo, dando lugar a graves consecuencias en el plano internacional con sanciones por parte de organismos multilaterales o reclamos que perjudican las relaciones bilaterales con otros países.

Por Mateo Garza, miembro de Politólogos al Whisky

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