A dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como una de las principales herramientas de la estrategia económica del gobierno de Javier Milei para captar capitales de largo plazo y aumentar la generación de divisas. Ahora, la Casa Rosada busca dar un paso más con el denominado “Súper RIGI”, una ampliación que apunta a sectores tecnológicos de alta escala y que pretende posicionar a la Argentina como un polo regional para el desarrollo de inteligencia artificial y centros de procesamiento de datos.

La iniciativa fue presentada por el propio Presidente como una nueva etapa del proceso de apertura económica y desregulación. El objetivo es atraer proyectos que superen los 1.000 millones de dólares de inversión y que estén vinculados a industrias consideradas estratégicas para la economía del conocimiento y la revolución tecnológica que atraviesa el mundo.

El RIGI nació en 2024 como uno de los capítulos centrales de la Ley Bases. Su propósito fue ofrecer condiciones excepcionales para grandes inversiones en sectores como energía, minería, infraestructura, petróleo y gas. Para ello, el esquema garantiza estabilidad tributaria, cambiaria y aduanera durante tres décadas, además de beneficios fiscales y facilidades para la libre disponibilidad de divisas.

Entre los incentivos más relevantes se encuentra la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos, la eliminación de derechos de importación para bienes de capital, la exención de retenciones a las exportaciones una vez cumplidos determinados plazos y la posibilidad de girar utilidades al exterior bajo condiciones previamente establecidas.

Desde el Gobierno sostienen que el régimen ya permitió comprometer inversiones por cerca de 140.000 millones de dólares en distintos sectores productivos. Buena parte de esas iniciativas se concentran en energía y minería, dos actividades que aparecen como pilares de la estrategia exportadora oficial.

Uno de los proyectos más emblemáticos aprobados bajo este esquema es el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), la obra destinada a conectar la producción neuquina con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro. La infraestructura permitirá ampliar significativamente la capacidad exportadora de petróleo y es considerada una pieza clave para incrementar el ingreso de divisas durante los próximos años.

Sin embargo, el régimen también genera cuestionamientos. Diversos sectores económicos, sindicatos y especialistas advierten sobre el alcance de los beneficios otorgados a los grandes inversores y plantean dudas respecto de los efectos que podría tener sobre la industria nacional y la recaudación fiscal futura.

Las críticas apuntan principalmente a la extensión de los beneficios durante 30 años, la menor carga tributaria para las empresas adheridas y la posibilidad de operar bajo reglas diferenciadas respecto del resto del entramado productivo argentino. También existe preocupación por el impacto que podría generar la creciente apertura sobre sectores industriales con menor capacidad para competir a escala global.

Pese a esas observaciones, el Gobierno considera que el RIGI constituye una herramienta indispensable para atraer inversiones que históricamente evitaron la Argentina debido a la inestabilidad macroeconómica, los cambios regulatorios y las restricciones cambiarias.

La nueva versión ampliada, bautizada informalmente como “Súper RIGI”, busca trasladar esa lógica al universo tecnológico. La apuesta oficial es captar proyectos vinculados a inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura digital avanzada y nuevas industrias basadas en el procesamiento masivo de información.

En la Casa Rosada entienden que, así como Vaca Muerta y la minería pueden convertirse en motores de exportación de recursos naturales, la economía digital tiene potencial para transformarse en una nueva fuente de generación de dólares. El desafío será demostrar que los incentivos ofrecidos alcanzan para competir con otros países que también buscan atraer inversiones tecnológicas de escala global.

Mientras el Congreso analiza la ampliación del régimen, el debate vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cuánto debe ceder el Estado en materia regulatoria e impositiva para atraer grandes inversiones y cuánto de ese esfuerzo se traduce efectivamente en desarrollo, empleo y crecimiento para el conjunto de la economía.

Fuente: Diario Neuquino