De esta manera, y a través de la resolución 193/22, el Gobierno extendió el contrato que surgió de la licitación 24/2015 (que otorgó a Bactssa una concesión por 4 años, con 1 año adicional de prórroga), en los mismos términos establecidos por la resolución 346/21, que llevó el vencimiento de los contratos de los otros concesionarios (Terminales Río de la Plata y Terminal 4) al 31 de mayo de 2024.
La decisión responde al fallo judicial ratificado por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, luego de casi 2 años de litigio judicial entre Bactssa y el Estado.
Disputa
En los considerandos, el Ministerio de Transporte recuerda que, a diferencia de las concesiones de Terminales Río de la Plata y Terminal 4, la de Bactssa emergió de una licitación de la Administración General de Puertos.
En 2020, ante la decisión de Transporte de prorrogar hasta el 31 de mayo de este año los contratos de Terminales Río de la Plata y Terminal 4, de acuerdo con la resolución 120/20, Bactssa inició su demanda judicial para que se la considere en las mismas condiciones que los otros dos concesionarios.
El 29 de septiembre de 2021, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 ordenó la suspensión de la ejecución del procedimiento de finalización del contrato de Bactssa, y le aseguró el ejercicio pleno y regular de la concesión.
Luego, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la ampliación de la resolución judicial el 2 de diciembre de 2021 y entendió que el Ejecutivo debía darle a Bactssa el mismo tratamiento contemplado por la resolución 346/21 del Ministerio de Transporte, es decir, extender su contrato hasta el 31 de mayo de 2024.
Defensa sin éxito
“En cada caso, el Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos opusieron sus defensas e impugnaron sin éxito las resoluciones judiciales mencionadas”, destaca la resolución ministerial.
De hecho, el 17 de marzo pasado, el Ministerio de Transporte interpuso ante la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones un recurso extraordinario y, tras su rechazo, interpuso una queja que se “se sustancia ante la Corte Suprema de Justicia”.
“No obstante -señala la resolución- los ministros tienen la función de velar por el cumplimiento de las decisiones del Poder Judicial”, al tiempo que cita a la Procuración del Tesoro de la Nación que afirma que “el cumplimiento de una decisión judicial es incuestionable, máxime cuando el que debe cumplirla es el propio Estado”.
Bactssa mantuvo en todo este tiempo las habilitaciones necesarias de la AGP, la Aduana y Prefectura Naval para continuar operativa. No obstante, no tiene contratos con navieras desde que finalizó su contrato y por el tiempo que duró el litigio con el Estado.
Con dos años por delante, resulta imprescindible que el Gobierno decida avanzar definitivamente con una licitación de acuerdo con la propuesta de la Administración General de Puertos: dos terminales para un plazo de 10 años.
Fuente: Trade News ( )
