Por Rubens Barbosa – Luiz Inácio Lula da Silva asumió el 1 de enero la dirección de la máquina burocrática brasileña con enormes desafíos políticos, económicos, presupuestarios, en las áreas de educación, salud, ambiental, cultural y por último, pero no menos importante, en el área externa. Las cuestiones políticas pendientes en el ámbito del Mercosur son uno de esos desafíos.

El nuevo gobierno -a ejemplo de Argentina- está mostrando querer reabrir las negociaciones con la Unión Europea para modificar ciertas decisiones sobre la participación de la industria.

¿Estarán de acuerdo los demás? La Unión Europea tiene doble preocupación antes de la entrada en vigencia del acuerdo: asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre comercio y desarrollo sustentable, sin atrasar mucho el ya demorado proceso de ratificación ante el Parlamento Europeo. Para eso, se está evaluando la posibilidad de aprobar el acuerdo en partes: las cláusulas económicas y comerciales entrarían en vigencia inmediatamente y las ambientales serían examinadas más detenidamente. Cabe recordar que la UE está aprobando medidas restrictivas a productos agrícolas del Mercosur dentro de la legislación de desforestación y de descarbonización de empresas europeas (CBAM).

Uruguay, sin coordinación con sus socios, y dentro del contexto que llaman flexibilización del Mercosur, tomó dos iniciativas que despertaron reacciones negativas de los demás miembros del Grupo subregional: inició conversaciones aisladas para la firma de un acuerdo individual con China y ahora pide adhesión al antiguo acuerdo TPP, que incluye 11 países asiáticos, liderados por Japón (los EE.UU. se retiraron y China evalúa pedir la adhesión). Las iniciativas uruguayas, algunas veces incentivadas por el ministro Paulo Guedes, no habrían ocurrido si Brasil no hubiese abdicado de su liderazgo de América Latina y en el Mercosur. Con el retorno de Brasil, como dijo el presidente electo, las dos propuestas serán de alguna manera absorbidas y no deberán prosperar. Teniendo en Asia a nuestro principal socio comercial, en especial China, en el caso del ex-TPP, sería de nuestro interés examinar más detenidamente el asunto y tal vez hacer la solicitud de adhesión colectiva del Mercosur. El pedido sería diplomático y llevaría tiempo para que los 11 países puedan responder. No habría ninguna negociación comercial por lo menos durante un año.

Con Paraguay, además de proyectos de frontera que están caminando bien, hay algunos temas difíciles que el nuevo gobierno va a tener que enfrentar ya en el primer año de gobierno: la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú (no el Tratado de Itaipú) en lo que concierne a los precios de energía generada por la hidroeléctrica, después de finalizar el pago en 2023 de la deuda contraída para su construcción. En paralelo, el gobierno paraguayo está presionando al gobierno brasileño para la construcción de una esclusa para permitir la total navegabilidad del río Paraguay, facilitando y ampliando el tránsito de mercaderías, agrícolas y minerales hasta los puertos en la salida de la Cuenca del Plata.

Por otro lado, Venezuela está suspendida del Mercosur por la invocación de la Cláusula Democrática, sin previsión de retorno pleno para el ámbito del grupo. Bolivia a su vez, desde el gobierno de Dilma Rousseff, está con su pedido de adhesión al Mercosur parado en análisis en el Congreso Nacional. El nuevo gobierno brasileño debería encaminar las decisiones sobre esos temas de acuerdo con su interés y sin consideraciones ideológicas o partidarias.

En lo concerniente a la Unión Europea, no sería oportuno, ni de nuestro interés reabrir las negociaciones del acuerdo, lo que pospondría aún más su entrada en vigencia. La solución de dividir el acuerdo aceleraría la ratificación y proyectaría el Mercosur en el complejo escenario internacional como una alternativa para la ampliación de las reglas y del comercio bilateral o regional. El Protocolo Adicional sobre las obligaciones en el área ambiental, si no va más allá de lo que está previsto en el acuerdo, no crearía mayores problemas.

En cuanto a la suspensión de Venezuela y a la adhesión de Bolivia, la simple discusión de los asuntos tendrá una fuerte implicación en la política interna brasileña y no sería oportuno acelerar ninguna decisión que promueva la participación plena de los dos países, antes de encaminar soluciones para la democratización y salvaguarda de los derechos humanos. Además, el retorno y la entrada de los dos países no deberían colocar en segundo plano las negociaciones comerciales, ni traer de vuelta la experiencia del Mercosur político y social de los gobiernos anteriores del PT.

La reunión presidencial del Mercosur realizada en Montevideo poco agregó a la discusión comercial y además agravó la tensión entre Uruguay y Argentina, por la amenaza de ruptura y por los ataques del presidente argentino al uruguayo sobre el TPP.

*Rubens Barbosa es el presidente del Instituto de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (IRICE).

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