Las indicaciones geográficas han ganado peso en el comercio internacional en las últimas décadas, convirtiéndolas en un tema central en la agenda de negociación en muchos tratados de libre comercio. Un ejemplo claro son las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Identifican un producto como originario de un territorio especifico—país, región o localidad — que le atribuye determinada calidad u otras características del producto. Así, funciona como un indicador de calidad que facilita la colocación de los productos en el exterior y permite obtener mejores precios.

El reconocimiento internacional es clave para aprovechar sus beneficios. Por el contrario, la falta de un reconocimiento internacional claro puede convertir a la indicación geográfica reconocida localmente en una desventaja al momento de competir internacionalmente.

En el acuerdo de principios entre la Unión Europea y Mercosur, el Mercosur reconocía unas 350 indicaciones geográficas a la Unión Europea, mientras que la Unión Europea reconocía alrededor de 220 al Mercosur. Muchas de las indicaciones geográficas reconocidas a la Unión Europea eran muy fuertes, como “Cognac”, “Fontina” o “Gruyere” que en la Argentina se usan de manera genérica.

El principio de acuerdo preveía algunas salvaguardas para los productores existentes al momento de la entrada en vigencia del acuerdo, permitiéndoles continuar con su uso bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el capítulo sobre indicaciones geográficas fue considerado por los expertos como una concesión del Mercosur a la Unión Europea. En gran parte esto es así, ya que la Unión Europea, con alrededor de 3500 indicaciones de origen, es uno de los mayores beneficiarios de estas denominaciones.

Si bien es evidente el beneficio de la protección de las indicaciones geográficas, no hay que descuidar la importancia que las mismas pueden tener para participantes que quieren penetrar con nuevos productos en los mercados internacionales. Al igual que las marcas y otros derechos de propiedad intelectual, las indicaciones geográficas agregan valor al producto y permiten a sus titulares invertir en la construcción de una reputación y prestigio asociado a su propia indicación geográfica. Esto les permite desarrollar mercados nuevos o mantener los existentes.

En este sentido, si la Argentina aspira a posicionarse en la economía global como un productor de alimentos y bebidas de alta calidad, necesitará continuar desarrollando indicaciones geográficas propias asociadas a esos estándares. Si bien existen ciertos niveles de penetración que pueden alcanzarse sin la existencia de indicaciones geográficas especificas sino simplemente promocionando el país de origen, como es el caso exitoso de “Argentine Beef” o vinos argentinos, para ampliar la gama de productos ofrecidos y sumarles valor, será necesario una mayor especificidad en la identificación de los productos.

Por esta razón, la protección de las indicaciones geográficas argentinas a través de acuerdos bilaterales con otros países puede ser una herramienta útil para el desarrollo de una industria agroindustrial global y de alta calidad.

El autor es socio de Comercio Internacional y Derecho Aduanero en Marval O’Farrell Mairal