Las exportaciones argentinas dependen en gran medida del transporte marítimo. En consecuencia, la seguridad de los puertos de nuestro país no es solo una preocupación sectorial, sino una cuestión de soberanía nacional
En 2023, la Administración General de Puertos (AGP) estimó que por los puertos argentinos transitan alrededor de 2.500 a 3.000 buques por año, dependiendo de la situación económica y producción agrícola nacional. Los puertos son los accesos de entrada y salida de bienes, personas, y, desafortunadamente, también de actividades ilícitas. Las carencias en infraestructura, tecnología y recursos humanos están dejando a nuestros puertos vulnerables frente a amenazas que podrían tener consecuencias devastadoras para la economía y la seguridad del país.
El país cuenta con más de 50 puertos a lo largo de su extenso litoral marítimo y fluvial. Todos y cada uno de ellos son importantes. Aplicando la regla de Pareto, los puntos críticos más inmediatos son los puertos que manejan más del 80% del comercio exterior del país: Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca y Quequén. Se suman, entre otros, el de Mar del Plata, destacado en pesca y exportación de productos pesqueros; Campana y Dock Sud, para productos industriales y automóviles, además de manejar productos petroquímicos y químicos; Ushuaia, el más austral del mundo, cuya ubicación geoestratégica lo convierte no solo en clave para el turismo de cruceros, sino en una valiosa pieza geopolítica en el extremo Atlántico Sur, de puertas a la Antártida; el de Comodoro Rivadavia, crucial para la exportación de productos de petróleo y gas, además de manejar carga general; y así, varios más.
Según estadísticas del año pasado, el Puerto de Buenos Aires manejó más de 1,4 millones de TEUs (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies). Por otra parte, el Puerto de Bahía Blanca registró más de 26 millones de toneladas de carga. Mientras, el Complejo Portuario del Gran Rosario -que se extiende a lo largo de un tramo de 70 km del río Paraná, desde la ciudad de Rosario hasta Timbúes- registró más de 120 millones de toneladas anuales de granos, aceites y subproductos, explicando el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina. De hecho, este complejo portuario representa por sí solo la puerta de salida de alrededor del 10% de las exportaciones mundiales de soja. Ese dato basta para comprender su alta relevancia estratégica.
Sin embargo, de manera sorprendente y a pesar de estas cifras impresionantes, la infraestructura y la tecnología en los puertos nacionales están lejos de ser adecuadas para enfrentar los desafíos actuales. En efecto, muchos de ellos operan con infraestructura que no ha sido actualizada en décadas. Esta falta de modernización no solo afecta la eficiencia operativa, también incrementa los riesgos de seguridad, en su amplio espectro.
Las instalaciones portuarias frecuentemente son insuficientes para manejar el volumen de carga, lo que genera congestión e incrementa los incidentes. Tampoco la tecnología de monitoreo es suficiente: varios puertos carecen de sistemas modernos de vigilancia, como escáneres de contenedores, radares de detección temprana y cámaras de alta definición. Este déficit tecnológico facilita la infiltración de contrabando y narcotráfico.
El personal encargado de la seguridad en los puertos puede ser otro eslabón débil en la cadena de seguridad. La falta de capacitación específica y la sobrecarga de trabajo son comunes en muchos puertos, lo que reduce la capacidad de respuesta ante incidentes. Según informes recientes, una gran parte de los trabajadores portuarios no ha recibido suficiente entrenamiento para el manejo de situaciones de emergencia, lo que agrava el riesgo de fallos humanos en la seguridad.
Argentina está sujeta a normativas internacionales como el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (ISPS, por sus siglas en inglés), lo cual la obliga a mantener determinados estándares y protocolos de seguridad. El ISPS es un conjunto de normas internacionales adoptadas para mejorar la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. Fue desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI), de las Naciones Unidas, como respuesta a los eventos del 11 de septiembre de 2001 y otras amenazas globales de terrorismo. Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura, tecnología y capacitación podría comprometer la capacidad del país para cumplir con estos requisitos.
A la infraestructura obsoleta y restricciones presupuestarias, hay que sumarles amenazas tales como el crimen organizado, con mercancías ilegales y tráfico de personas; los ataques cibernéticos, baratos para perpetrar, caros para defender; el terrorismo y su logística internacional de armas, explosivos e individuos; la contaminación ambiental, con sus costosos daños ecológicos; la amenaza sanitaria, a partir de un flujo constante de personas, mercancías y embarcaciones de diversas partes del mundo.
De ese modo, por falta de prioridad estratégica e inversión, todo se hace más complicado. La falta de recursos también impacta en la Prefectura Naval Argentina (PNA), prestigiosa autoridad principal a cargo de la protección y el control de las actividades en las vías navegables y puertos del país.
Puertos modernos, seguros, bien equipados y gestionados, facilitan el comercio internacional y maximizan las oportunidades de crecimiento económico y generación de riqueza a nivel local. Los puertos deben ser vitrinas comerciales del país, verdaderas plataformas para atraer inversiones, impulsar la economía nacional y proteger los intereses de los argentinos.
Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, proponemos que gobierno, empresas privadas y sindicatos establezcamos un diálogo estratégico y operativo sin dilaciones para activar medidas que fomenten las inversiones necesarias, a fin de modernizar nuestros puertos y garantizar su seguridad.
*Por Sergio Aladio
Secretario General del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe
