Los jueces decidieron convocar a una audiencia oral y pública para sentar a las partes y exponer las condiciones que debía tener una solución alternativa que, por más legal, no se había aplicado a este tipo de delitos con perjuicios económicos contra víctimas “difusas” como es el fisco, en este caso. Pérez Barberá justificó su postura en un fundamentado dictamen. La Aduana también concurrió como querellante pero encorsetada en una antigua resolución interna que los obligaba a apelar este tipo de situaciones y les impedía aceptar un acuerdo de reparación de estas características. El TOPE 3 hizo un guiño a favor si había una oferta razonable. Se fijó un plazo de un mes para seguir negociando.

En el ínterin, la Aduana que conduce Guillermo Michel adoptó una resolución política: modificó la normativa interna que le impedía arribar a este tipo de acuerdos y los obligaba a apelar, incluso, cuando la resolución del caso se alejaba del sentido común y de poder recuperar dinero que hubiese sido evadido en el pago de tributos. Ese trabajo mancomunado del sistema judicial y de las agencias estatales terminó marcando un hito en la historia de la Aduana por ser el primer caso que se resuelve de esta forma en la historia del organismo. Enseguida dieron aviso al Tribunal de que ya estaban en condiciones de aceptar, luego de que el área de Valoración hiciera un análisis del “piso” del cual partía el reclamo de dinero por el daño producido por los imputados y advirtiendo que este giro en la postura de la Aduana sería solo de carácter restrictivo y bajo condiciones particulares.

Finalmente, los imputados se avinieron al pago de los u$s800 mil en un solo pago y luego de haber acreditado, además la legitimidad de los fondos bancarizados cuya trazabilidad debía ser impoluta. Esa fue otra novedad para el desarrollo de este proceso donde se procuró el máximo de transparencia, agilidad y, además, pragmatismo.

¿Hubiera sido lo mismo enviar a juicio a octogenarios con perspectiva de pena leve, en cualquier caso domiciliaria, y con altas chances de que jamás hubiesen quedado firmes por el laberinto de apelaciones sin que el fisco pudiese ver un peso? Esta resolución no pasó inadvertida para el mundo judicial porque, por muy obvia la respuesta, siempre encuentra resistencias burocráticas que continúan una inercia de extensión de plazos inexplicable. Es precisamente uno de los factores que generan desconfianza en el sistema judicial y permite, en general, disipar el temor punitivo. Por lo demás, es una decisión que puede sentar jurisprudencia y libera también a la Aduana para sacarse de encima un stock heredado de casos que arrastra desde hace más de tres lustros y que ahora podrían tener resultados efectivos si se ajustan a los nuevos requisitos y a un análisis riguroso de aplicabilidad.

Por Gabriel Morini (Ámbito)