Desde hace algunos meses, el sector privado y los gremios vinculados a la actividad fluvio-marítima vienen trabajado intensamente para relanzar el cabotaje y aprovechar al máximo el potencial de la hidrovía, que atraviesa diversas provincias del litoral argentino.
No obstante, si bien este esfuerzo ha sido crucial para dinamizar el transporte de mercancías por vía fluvial, es evidente que no será suficiente para sostenerse a largo plazo sin un respaldo más decidido por parte del Estado.
La clave para que el sector sea verdaderamente competitivo reside en una revisión profunda de las medidas e impuestos que afectan a la actividad fluvial. En la actualidad, los costos asociados al transporte por agua son significativamente más altos que los del transporte terrestre, un desajuste que se debe en gran parte a cargas fiscales y regulaciones que, en muchos casos, han quedado obsoletas.
La necesidad de desregulación en el ámbito fluvio-marítimo es un tema recurrente. Este sector demanda agilidad y eficiencia para poder competir no solo en el mercado interno, sino también a nivel regional, con países vecinos que ya han implementado reformas para optimizar sus operaciones logísticas.
En un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, las normativas que rigen la actividad fluvial y marítima en Argentina necesitan actualizarse para permitir un servicio de calidad al menor costo posible.
Un ejemplo reciente del potencial que puede tener este tipo de transporte es el proyecto de cabotaje entre Corrientes y Buenos Aires, una iniciativa que busca ofrecer una solución logística a una empresa forestal y, al mismo tiempo, beneficiar a toda una provincia que exporta productos no solo forestales, sino también insumos y mercancías de otro tipo.
Sin embargo, este es solo un pequeño adelanto de lo que se podría alcanzar si, además del esfuerzo del sector privado y gremial, el Estado se compromete a reducir impuestos que encarecen la actividad, y a simplificar regulaciones que hoy no tienen lugar en un entorno económico moderno.
Los países de la región ya han tomado nota de estas cuestiones y han implementado medidas que les permiten ser más competitivos. Argentina no puede quedar atrás. Es momento de que el Estado se sume a este esfuerzo y revise su marco normativo para que la actividad fluvio-marítima del país no solo se mantenga vigente, sino que se convierta en un motor clave de desarrollo económico.
