En medio de la volatilidad cambiaria y con el objetivo de buscar que ingresen US$7000 millones, el Gobierno suspendió hasta el 31 de octubre próximo el cobro de las retenciones a las exportaciones de granos y de carne vacuna de novillo y aviar. Los dirigentes del campo agrupados en la Mesa de Enlace valoraron la medida oficial, pero insistieron en que este tipo de decisiones deben tener un carácter permanente y no transitorio.

En medio de la incertidumbre económica y política luego de la volatilidad cambiaria, el Gobierno suspendió hasta el 31 de octubre próximo el cobro de las retenciones a los granos y a la carne vacuna de novillo y aviar para impulsar la venta del campo y la liquidación de los exportadores.

La medida fue formalizada ayer en el Boletín Oficial luego de un anuncio que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la red X. El Gobierno busca conseguir US$7000 millones en este momento de tensión con el dólar. La decisión oficial tuvo un impacto en los precios, con subas de hasta US$60 por tonelada en posiciones futuras y un volumen para esos contratos récord con más de 1,3 millones de toneladas, según el mercado A3 (ver página 15). Por su parte, los dirigentes rurales valoraron el anuncio oficial, pero pidieron que la quita de los derechos de exportación sea permanente y no tenga un carácter temporal (ver página 16).

Según el decreto 682, hasta la mencionada fecha los derechos de exportación a los granos y subproductos estarán en el 0%. Entre otros cultivos, hasta antes de la medida de la eliminación temporal la soja tributaba un 26% y el maíz y el trigo un 9,5%.

La medida tiene una doble condición: un plazo estricto y un tope financiero. En efecto, según el decreto firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el beneficio temporal se extenderá “hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive” o “hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) por un importe equivalente a US$7000 millones, lo que ocurra primero”.

Para destacar, los exportadores deberán“liquidar al menos el 90% de las divisas” en un plazo de hasta tres días hábiles de efectuada la DJVE. De no cumplirse con los plazos o condiciones establecidas, deberá “tributarse la alícuota del derecho de exportación que corresponda a la posición arancelaria de que se trate, vigente el día anterior al de la entrada en vigor de la presente medida”.

De esta manera, con la expectativa de mayores ventas por parte de los productores y más divisas ingresadas por la agroexportación. En este contexto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, dijo: “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales”.

En este nuevo escenario, ayer Caputo y su equipo recibieron a Ciara-CEC a fin de interiorizarlos en el régimen que salió publicado en el Boletín Oficial. “La reunión se dio en un marco de total cordialidad y se revisaron los aspectos técnicos para su implementación en los próximos días. La entidad colaborará en su pronta implementación”, dijeron desde de la entidad.

Según datos relevados por el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aún restan vender 55,4 millones de toneladas de granos, cifra que equivale al 43% del total producido durante la campaña 2024/2025, ya finalizada. “De los cuales son 25,8 millones de toneladas de maíz, 21,6 de soja, 3,8 de trigo y 4,3 del resto de los granos (cebada, sorgo y girasol)”, precisó. En esta línea, en un mensaje la SRA expresó: “Desde Sociedad Rural Argentina venimos trabajando insistentemente para que las retenciones se eliminen por completo y de manera definitiva. Los productores, que no liquidamos, sino que vendemos nuestra producción, necesitamos reglas claras y estables que nos den seguridad jurídica para invertir, trabajar y generar desarrollo en todo el país”.

Impacto

El decreto del Gobierno indica que busca “continuar creando condiciones favorables para la producción y el comercio exterior a fin de fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo en cada región del país”. Según recordaron en la norma, el Gobierno ya había implementado reducciones previas de derechos de exportación (DEX) a través de los decretos 697/24, 38/25, 439/25 y 526/25. Anteriormente, se habían establecido en 0% los DEX “para las economías regionales, productos lácteos, porcinos, entre otras mercaderías”. Estas acciones previas, dijeron, estaban orientadas a seguir “promoviendo así el agregado de valor, el desarrollo exportador y la competitividad de cadenas productivas estratégicas para el país”.

Los resultados de aquellas medidas, según el decreto, fueron tangibles: “Durante el año 2024 los volúmenes exportados de productos agroindustriales se incrementaron en un 56% y los valores, en un 26%”. En este contexto, el Gobierno destacó que la cadena agroindustrial “constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo”. El sector genera exportaciones por aproximadamente US$48.000 millones anuales entre todos sus productos. En el decreto se reconoció que “los DEX [derechos de exportación] constituyen un impuesto distorsivo que, en la medida en que el camino al que se ha comprometido esta gestión en términos de ordenamiento fiscal lo permita, deben ser reducidos hasta que puedan ser eliminados en su totalidad”.

Fuente: La Nación