Luego de que Silvina Batakis anunciara un brutal recorte en los gastos fiscales, un mayor cepo al dólar turista, para incrementar el acopio de divisas, y reafirmara la negativa a aumentar las retenciones a los exportadores, las patronales del agro fueron a un cese de comercialización de granos y ganado reclamando una devaluación y quita de impuestos, a pesar de haberse beneficiado enormemente por los altos precios internacionales. El capital agrario retiene los granos como medida extorsiva y, por consiguiente, tampoco liquida las divisas, especulando con futuras depreciaciones del peso, lo que pone en jaque la meta de reservas estipulada en el acuerdo con el Fondo y presiona sobre el precio del dólar. El gobierno estaría analizando el otorgamiento de un incentivo fiscal para estos pulpos, que están al frente de la evasión impositiva y la fuga de divisas del país, con el fin de garantizar la liquidación de los dólares para fomentar el acopio de reservas y contener la brecha cambiaria.

Este incentivo consistiría en un bono fiscal del 15% sobre las ventas, por 90 días (El Cronista, 18/7). Es decir, el Estado respondería a las extorsiones de los exportadores con una contribución monetaria que garantice sus exorbitantes márgenes de ganancia. La contracara de esto es el ajuste el gasto público que anunció la nueva ministra de economía, en pos de cumplir con la meta de déficit fiscal que impone el FMI, afectando el presupuesto para obra pública, universidad y asistencia social, entre otros. Mientras tanto, los salarios y las jubilaciones continúan perdiendo contra la corrida inflacionaria y cambiaria, lo que deja claro quienes pagan la crisis y quienes se ven beneficiados con ella.

Según las estadísticas oficiales, en mayo se venían vendiendo en promedio unas casi 800.000 toneladas semanales, que bajaron a 540.000 toneladas en las últimas 5 semanas, un recorte del 32% y un acumulado de 1,2 millones de toneladas menos en este período de 5 semanas. Todavía restan venderse 23,3 millones de toneladas de la cosecha y lo cierto es que los agricultores no encuentran incentivos para desprenderse de su refugio de valor (Ámbito, 17/7). Como vemos, estos capitalistas atentan contra las reservas por dos vías: subfacturando y triangulando exportaciones, por un lado, y disminuyendo sus ventas al exterior, y, por consiguiente, la liquidación de divisas, por otro. Las multinacionales granarias son agentes del saqueo nacional, y para ello se encuentran respaldados en el dominio que ostentan sobre el comercio exterior de Argentina.

Además, la reducción en las cantidades cosechadas de un año a otro, la caída en el rendimiento por hectárea de esta campaña y la tendencia decreciente de la producción de la soja muestra que la huelga de inversiones es evidente y que el incremento de la renta agraria, acicateado por los efectos de la guerra, no tiene como correlato una mayor producción de valor en el país. Esa ausencia de inversiones le costaron al país aproximadamente USD 43.500 millones -casi la totalidad de la deuda con el FMI. En consecuencia, la molienda de soja también se encuentra en retroceso por falta de materia prima lo que lleva a una primarización de las exportaciones de la oleaginosa, generando así, menos valor agregado en la economía nacional.

A su vez, la alta inflación en los EEUU obligó a la Reserva Federal a tomar una postura más restrictiva, y esta semana se confirmó un nuevo récord del 9,1% interanual, lo que pone más sospechas sobre una suba de tasas más agresiva. En este contexto, el dólar estadounidense se fortaleció a nivel global, atizando una devaluación de las monedas emergentes, lo que empuja hacia abajo el precio de los commodities. Ahora, si continúa la caída de los precios internacionales de la soja, se desplomaría el ingreso de dólares por esa vía, lo que volvería a poner en jaque la meta de acumulación de reservas. Desde junio, la caída es brutal: soja (-11%), maíz (-14%), trigo (-24%), petróleo (-17%), gas natural (-25%), cobre (-26%), por nombrar algunos ejemplos (Ídem).

El acuerdo incumplible con el FMI y sus metas le impiden al gobierno combatir el saqueo del capital agrario. Al mismo tiempo, las patronales del campo que apoyaban el pacto con el Fondo, ahora no lo quieren pagar, dado que incluye un revalúo fiscal y que entra en choque con la quita de retenciones que reclaman. Es necesario que los trabajadores irrumpamos en la situación política con nuestros propios reclamos mediante el paro nacional y el plan de lucha.