El Gobierno enfrenta un desafío significativo en la atracción de grandes inversiones, debido a las restricciones del cepo cambiario. Desde la Casa Rosada, se reconoce que la llegada de capitales extranjeros está condicionada por la actual normativa cambiaria, lo que ha llevado al Ejecutivo a explorar medidas para liberar restricciones de una manera “responsable”.

El foco del Gobierno está en reforzar las reservas del Banco Central antes de eliminar el cepo, evitando así cualquier desestabilización del mercado. Para este fin, se proyecta cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aporte la confianza necesaria para facilitar la inversión.

En medio de esta situación, el Gobierno celebró una reducción en la inflación del 3,5% en septiembre y anticipa la eliminación del “crawling peg” del 2% mensual, que implica una devaluación gradual del peso, una vez que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcance cifras más favorables. La administración rechaza una devaluación inminente y sostiene su compromiso de “evitar un traslado al costo social” para la población.

Un funcionario del Ejecutivo comentó a TN que “la idea es liberar el cepo lo antes posible, pero de forma responsable”, señalando que es complicado atraer un auge de inversiones bajo las actuales restricciones cambiarias.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, está preparando una resolución para implementar el Comité Evaluador de Proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que incluirá a varios secretarios del gabinete. Este comité tendrá la tarea de evaluar propuestas de inversión, las cuales deberán recibir un dictamen previo a su presentación formal ante el ministro.

El RIGI propone incentivar inversiones significativas mediante una alícuota del 25% del Impuesto a las Ganancias y la exención de derechos de importación para bienes de capital. Se requiere un mínimo de inversión de 200 millones de dólares para poder beneficiarse de este régimen.

Además, el Gobierno trabaja en la reglamentación de la reforma energética, una legislación clave que busca agilizar la implementación de proyectos en el sector, y que se espera sea publicada en el boletín oficial en un plazo de dos semanas, aunque reconocen posibles retrasos.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también desempeñará un papel activo en el diálogo con empresarios para fomentar los proyectos de inversión, organizando un equipo técnico especializado en el RIGI dentro de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AACI).

El tiempo dirá si estas medidas logran atraer la inversión necesaria para impulsar la economía argentina en un contexto de cepo cambiario persistente.

Fuente: República de Corrientes

*Con información de TN