La resolución 56/2026, la Secretaría de Industria y Comercio, recientemente publicada, modificó las reglas de juego en materia de fiscalización técnica para el ecosistema importador y comercializador argentino.
La norma introdujo el “Protocolo de Vigilancia de Mercado” que redefine el rol en el que el Estado controlará la calidad, seguridad y lealtad comercial de los productos e instrumentos de medición que circulan en el país.
En principio, la medida moderniza el andamiaje sancionatorio y deroga normativas obsoletas en línea con la política de desregulación y simplificación normativa (como la resolución 100/1983) para establecer un sistema de fiscalización mucho más ágil. Y punitivo también.
El objetivo buscado es garantizar que los bienes importados y nacionales cumplan estrictamente con los Reglamentos Técnicos y no representen un riesgo para la salud o el bolsillo de los consumidores.
Triple filtro
Los operadores de comercio exterior, y los fabricantes locales también, deberán atenerse a un triple filtro de vigilancia:
Verificación documental: El Gobierno podrá exigir, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), toda la documentación técnica respaldatoria de los productos para comprobar su cumplimiento normativo.
Verificación presencial (“in situ”): Los inspectores tienen la potestad de ingresar a los establecimientos de comercialización, fabricación, importación o depósitos. En caso de detectar contravenciones, pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública, secuestrar mercadería o inhabilitar su uso.
Control fronterizo: En función del nivel de riesgo o del historial de la empresa, la Subsecretaría de Comercio Exterior podrá solicitar a la Dirección General de Aduanas que intervenga la mercadería de manera específica y previa a su despacho a plaza.
Toma de muestras
El protocolo establece un procedimiento para la extracción y ensayo de muestras de los productos fiscalizados. La novedad más relevante para el sector privado radica en cómo se financiarán estos controles de laboratorio.
En primera instancia, será la propia Secretaría de Industria la que afrontará los costos de las verificaciones, toma de muestras y ensayos. Si se demuestra que el producto está en regla, el Estado absorberá el costo total del procedimiento.
Sin embargo, si el análisis de laboratorio determina que el producto no cumple con la normativa, el Estado intimará al administrado (importador/fabricante) para que reintegre la totalidad de los gastos incurridos, independientemente de las multas que correspondan.
En cuanto a la extracción física, el protocolo crea la regla de las tres muestras: una “original” (para el primer análisis), un “duplicado” (para una eventual contra verificación) y un “triplicado”, que quedará en poder del importador o comercializador, quien asumirá el rol legal de “depositario fiel” con responsabilidades penales en caso de alterar los precintos o la inviolabilidad de la caja.
Tiempos
El régimen sancionatorio diseñado por la cartera no deja margen para dilaciones administrativas.
En primer lugar, frente a un requerimiento de información en el marco de estos controles, las empresas tendrán un plazo máximo de diez (10) días hábiles administrativos para dar respuesta a través de TAD.
Si la empresa ignora el requerimiento, se emitirá una segunda solicitud. El silencio ante este segundo llamado constituirá automáticamente un incumplimiento, dando inicio al sumario sancionatorio a cargo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
Canal rojo
Pero la medida más disuasoria del protocolo apunta directamente a la operatividad logística: si un importador sancionado reincide en este comportamiento de evasión de información, el Estado podrá aplicarle mecanismos de control fronterizo restrictivos, tales como la asignación obligatoria a canal rojo de verificación aduanera.
Según se desprende de los considerandos del protocolo, el Gobierno busca depurar el mercado de productos irregulares y acortar los tiempos de sanción, trasladando el costo de las infracciones técnicas directamente a los infractores.
Por Emiliano Galli (Trade News)
