Nota de la Redacción. El presente artículo se publica a solicitud de su autor, en el marco del pluralismo de opiniones y el debate académico. Las consideraciones y propuestas formuladas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la posición editorial de este medio.
I. Una fotografía de grupo
Se ha dicho hace poco, con ánimo de jubilarlo, que el Código Aduanero es «una fotografía del momento». La imagen es feliz, aunque quizás por razones distintas de las que animaron a quien la propuso. Toda ley es una fotografía de su tiempo; lo que distingue a unas de otras es quiénes salen en ella. Y la del Código Aduanero es, ante todo, una fotografía de grupo.
El Código Aduanero, aprobado por la ley 22.415, no nació de una pluma sino de una mesa. En esa mesa se sentaron Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan Patricio Cotter Moine y Héctor G. Vidal Albarracín -los mismos que después nos legaron los comentarios, antecedentes y concordancias con los que todos aprendimos la materia-, junto a Rodolfo Cambra, bajo la presidencia de Carlos Tacchi, y con dos funcionarios de carrera, Francisco García y Laureano Fernández, a quienes Basaldúa recuerda como verdaderas instituciones de la Aduana. Juristas de distintas ramas -el administrativista, el tributarista, el penalista- y hombres de la operatoria, sentados todas las tardes en una oficina del Palacio de Hacienda, sin abandonar sus cargos, para poner orden en lo que hasta entonces era un laberinto de Ordenanzas, leyes sueltas y resoluciones que sólo unos pocos iniciados sabían recorrer.
Los invito a detenerse en el método, porque allí está buena parte del secreto. La obra no empezó en 1981: venía madurando desde el Anteproyecto de Ley General de Aduanas de 1969, redactado por Sortheix, Basaldúa, Cotter Moine y Rubens y Rojo, es decir, por la Dirección Nacional de Impuestos y la Aduana trabajando juntas. Retomada la tarea, el primer borrador fue enviado a la propia Aduana para que lo observara; el proyecto se imprimió y circuló con un plazo de noventa días para recibir críticas; opinaron los despachantes, el Centro de Navegación, las cámaras de importadores y exportadores, la Unión Industrial, el Colegio de Abogados, las casas de estudio; la comisión contestó por escrito qué observaciones aceptaba y cuáles no, y por qué. Después vinieron los ministerios -alguno, como Agricultura, con objeciones de fondo- y finalmente el control de la instancia de asesoramiento legislativo. Según el propio Basaldúa, fueron cuatro años de trabajo sin presiones.
El resultado está a la vista: un cuerpo de 1191 artículos, armónico, completo, con vocación de futuro, que logró lo que su secretario coordinador llamó, sin exagerar demasiado, un «milagro» argentino: la estabilidad. Cuarenta y cinco años de vigencia en un país que cambia de reglas con la frecuencia con que cambia de humor. Ese milagro no se explica por la inspiración de nadie en particular. Se explica porque quienes sabían derecho escucharon a quienes sabían de muelles, y porque todos aceptaron ser corregidos antes de ser publicados.
II. Lo que el tiempo le hizo al Código
Dicho esto, sería una ingratitud disfrazada de homenaje sostener que el Código no necesita ser reformado. Lo necesita, y sus propios redactores han sido los primeros en decirlo. El mejor tributo a una obra bien hecha es tomarla lo suficientemente en serio como para ponerla al día.
El Código fue pensado para un mundo de papel, de sellos y de buques que tardaban semanas. Hoy la declaración es un dato antes que un documento, la mercadería viaja en paquetes de comercio electrónico que se cuentan por millones, el análisis de riesgo lo hace un algoritmo y la notificación llega -cuando llega bien- a un domicilio electrónico. La práctica tribunalicia conoce de sobra las costuras que esa distancia ha ido abriendo: sumarios que duran más que la mercadería que les dio origen, multas que la depreciación convierte en penas que ya no son penas, notificaciones cuya validez se discute una década después, plazos que nadie cumple porque nadie los controla. No son defectos de diseño del Código; son las arrugas de la fotografía.
A ello se suma que la República asumió entretanto compromisos que el texto de 1981 no podía prever. El Convenio de Kyoto Revisado, aprobado por la ley 27.138 (B.O. 19/05/2015), y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, aprobado por la ley 27.373 (B.O. 28/07/2017), imponen estándares de transparencia, previsibilidad, simplificación y revisión independiente de las decisiones aduaneras que hoy cumplimos a medias y por vía de parches. Y los parches, últimamente, han llegado por decreto: las resoluciones anticipadas ingresaron al Código de la mano del DNU 70/2023 y fueron retocadas por el DNU 41/2026. No es éste el lugar para abrir juicio sobre esa técnica; baste señalar que un código que se modifica a retazos deja de ser un código y empieza a parecerse a aquello que vino a reemplazar.
Una reforma seria debería, cuanto menos, hacerse cargo de la digitalización integral de los procedimientos -expediente, prueba, notificación y sentencia-, de la oralidad allí donde hoy reina el traslado, de plazos con consecuencias, de la gestión de riesgo como criterio rector del control, y de una revisión del régimen infraccional que distinga con nitidez lo que merece pena de lo que merece apenas una corrección. Y, ya que de digitalizar se trata, convendría hacerlo sobre una sola plataforma: unificar el sistema de gestión de la Dirección General de Aduanas y del Tribunal Fiscal con el Lex 100 que ya utiliza el Poder Judicial de la Nación, para que el expediente nazca, tramite y se revise sin mudar de soporte en cada instancia. Todo ello conservando lo que el Código tiene de mejor, que es su lenguaje. Los redactores nos enseñaron a hablar de hecho gravado y no de hecho imponible, y esa precisión no es una coquetería: detrás de cada palabra propia hay una consecuencia propia. Un código nuevo que hablara el idioma de otra rama sería, para el derecho aduanero, una forma elegante de anexión.
III. La deuda mayor: quién acusa y quién juzga
Si hubiera que elegir una sola reforma, yo elegiría ésta. En el procedimiento por infracciones el servicio aduanero denuncia, instruye, acusa y resuelve. El mismo organismo que formula el cargo es el que dicta el fallo, y recién después -si el administrado tiene paciencia y recursos- aparece un tercero imparcial.
Ese esquema era defendible en 1981. Hoy lo es bastante menos. Las infracciones aduaneras tienen naturaleza penal -la Corte lo viene diciendo desde antaño, en «Guillermo Mirás» (18/10/1973) y en «Linch» (12/11/1974)- y a lo penal le corresponden las garantías de lo penal, entre ellas la más elemental: que quien acusa no sea quien juzga. El bloque de constitucionalidad que la reforma de 1994 puso sobre nuestras cabezas, con el artículo 8 de la Convención Americana a la cabeza, no distingue según el edificio en el que funcione el juzgador. Y el propio ordenamiento federal ya hizo su opción por el modelo acusatorio en el Código Procesal Penal Federal (aprobado por la ley 27.063), cuya implementación avanza, jurisdicción por jurisdicción, en todo el país; no se advierte por qué el derecho infraccional aduanero habría de quedar como el último refugio del inquisitivo.
No se trata de desconfiar de la Aduana. Se trata, al contrario, de liberarla de un papel que no le hace justicia. Una Aduana que investiga y acusa, frente a operadores experimentados y muy bien asesorados, necesita ser parte con todas las letras: con sus fiscales, su teoría del caso y su derecho a perder sin que ello parezca una contradicción consigo misma. Y enfrente, un juez.
¿Qué juez? No hace falta inventar un fuero, importar experiencias austríacas ni salir a buscar el prestigio a otra parte del globo. El Tribunal Fiscal de la Nación es de los pocos organismos que lo han conservado y, en lo que aquí interesa, sus salas con competencia aduanera son garantes de la autonomía del derecho aduanero. Se dirá que hablo de mi propia casa; es cierto, y por eso mismo sé de qué hablo. Pero no lo digo sólo yo: el Poder Ejecutivo acaba de crear, por el decreto 746/2026 (B.O. 14/08/2026), una cuarta sala con competencia aduanera, y a los tribunales que no sirven no se les agregan salas.
A mí me gusta pensar, compartir mis ideas y someterlas a la discusión.
Va una idea, de las tantas que habría que poner sobre la mesa: crear, dentro de los procedimientos que el Código ya prevé, la figura de un juez administrativo que reemplace al administrador de la aduana a la hora de juzgar. La Dirección General de Aduanas conserva lo que le es propio: investiga y acusa, como representante de la vindicta pública. Quien resuelve es ese juez, imparcial e independiente, que depende orgánicamente del Tribunal Fiscal y no de quien acusa. Un juez local, con asiento en la provincia correspondiente y designado por concurso celebrado en esa misma provincia, que conozca la aduana, el puerto o el paso fronterizo sobre el que le toca decidir; que escuche en audiencia oral a la Aduana que acusa y al imputado que se defiende; y cuyos fallos sean revisados por el Tribunal Fiscal, con plazos acortados, caducidad de instancia y audiencias orales, para que la celeridad no dependa de la buena voluntad de nadie. Lo que el Tribunal resuelva seguirá siendo revisable por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con el alcance limitado que hoy fija el artículo 1180 del Código. El diseño tiene tres virtudes. Acerca el juez al justiciable, que hoy debe venir a litigar a Buenos Aires, y empieza a saldar, en lo que a esta materia toca, la gran deuda interna argentina: el federalismo. Separa, de una vez, la función de acusar de la de juzgar. Y conserva lo que el sistema vigente tiene de más valioso: el efecto suspensivo de la apelación ante el Tribunal, que mantiene a raya al solve et repete y permite discutir la pena antes de pagarla. Una reforma que cambiara de juez al precio de perder esa garantía sería un mal negocio.
Nada de eso funciona, claro está, sin un Tribunal Fiscal a la altura del encargo. La idea supone asimilarlo presupuestariamente a un tribunal judicial, con la remuneración de su personal equiparada. No es una cuestión gremial sino de política judicial: es lo que garantiza la carrera y evita la diáspora de quienes, después de años de aprender esta especial disciplina, terminan llevándose ese saber a otra parte.
Es una idea, nada más, y como toda idea de uno solo merece la misma desconfianza que vengo predicando. Habrá otras, y seguramente mejores. Lo que no puede haber es una discusión de la que falten los actores: una reforma de esta envergadura toca la organización de la justicia, las competencias de la Administración, la carrera de sus funcionarios y las garantías de los particulares. Precisamente por eso no puede ser pensada desde uno solo de esos lugares.
IV. Facilitar no es desregular
Hay una segunda razón para reformar, menos procesal y más de fondo. El Código de 1981 fue construido alrededor del control. El derecho aduanero contemporáneo, sin renunciar a él, ha incorporado un segundo polo: la facilitación del comercio lícito. Una generación joven de la academia -pienso en el trabajo de Juan Pablo Rizzi, La facilitación del comercio regular como bien jurídico del derecho aduanero– viene sosteniendo que la facilitación no es una concesión graciosa al operador ni una consigna de época, sino un bien jurídico que el ordenamiento debe tutelar en equilibrio con el control.
La idea tiene consecuencias. Si la facilitación es un bien jurídico, la demora injustificada lo lesiona tanto como la declaración inexacta lesiona al control; y un código que sólo sanciona en una dirección está, por definición, desbalanceado. Pero el equilibrio es justamente eso, equilibrio. Facilitar no es desregular, ni un código más breve es necesariamente un código mejor: la brevedad es una virtud de los telegramas. Encontrar el punto exige oír al que controla y al que es controlado, al que despacha y al que juzga. Otra vez: una mesa.
V. El método también es derecho
La reforma del Código Aduanero ha sido anunciada por el Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, el 01/03/2026, y enhorabuena. De lo demás sabemos poco, y lo poco que sabemos lo sabemos por las redes sociales, desde donde se anuncia que está por salir un código. Un código en el que los actores del sistema no intervenimos, porque su texto estaría reservado sólo para sus autores. Confieso que la categoría me resulta novedosa: conocía las leyes secretas, de triste memoria, pero no los anteproyectos secretos. Tratándose de la norma que regirá a quienes importan, exportan, despachan, transportan, controlan y juzgan, uno tendería a pensar que el momento de conocerla es antes y no después. Se nos asegura, eso sí, que el texto «está llegando». Está llegando desde hace tiempo, como llegan entre nosotros ciertas cosas: siempre en camino, nunca a destino. Mientras tanto, conviene recordar que la democracia se defiende -y se legisla- a la vista de todos.
Desconfío de la genialidad de uno, y casi tanto de la de unos pocos. No por una cuestión personal -no sé, ni me interesa demasiado, quiénes sostienen la pluma-, sino por una cuestión de escala. Nadie es lo suficientemente iluminado o sabio para abarcar a la vez la valoración, el origen, los regímenes especiales, el derecho penal, el proceso, la organización judicial y la operatoria de un puerto. Nadie es, tampoco, lo suficientemente neutral: todos miramos el sistema desde algún lugar -el estrado, el mostrador, la ventanilla, el estudio- y cada lugar tiene sus puntos ciegos y sus intereses, perfectamente legítimos, pero intereses al fin. La única manera conocida de neutralizarlos es sentarlos a todos a la misma mesa y obligarlos a discutir.
Se me dirá que Vélez Sarsfield escribió el Código Civil en soledad. Es cierto, y por eso lo llamamos el Codificador: porque lo fue, no porque él se anunciara así. Pero Vélez fue entregando su proyecto libro por libro, desde 1865, con notas en las que daba cuenta de las leyes, los códigos y los autores que había seguido o descartado; y, sobre todo, no es evidente que entre nosotros ande suelto otro Vélez. Cuando la República quiso reemplazar su obra, casi un siglo y medio después, creó una comisión redactora (decreto 191/2011), que consultó a cerca de un centenar de juristas, y una Comisión Bicameral que celebró audiencias públicas en todo el país. Y la Unión Europea, que acaba de darse un nuevo Código Aduanero (Reglamento UE 2026/2108), discutió la propuesta que su Comisión presentó el 17/05/2023 durante más de tres años, a la vista de todos, antes de aprobarla. Ninguno de esos procesos fue rápido, ni estuvo exento de críticas. Todos produjeron normas que sus destinatarios pudieron discutir antes de obedecer, que es la condición para que una ley dure.
Entre nosotros, la mesa está servida y los comensales existen: la Dirección General de Aduanas y sus cuadros técnicos; el Tribunal Fiscal de la Nación y la justicia federal, que conocen el Código por sus patologías; el Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina, la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Comercio Exterior (CAESCE) y las demás cámaras del comercio exterior, que lo conocen por su fisiología; el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, los colegios profesionales y las universidades. Y, por fortuna, varios de los redactores de 1981, a quienes nadie debería privarse del lujo de consultar. No hace falta inventar nada: el propio Código ya enseñó cómo se hace. Bastaría con imitarlo. Barreira lo dijo mejor que nadie: «La ley libera, la reglamentación esclaviza». Si la reforma “está llegando”, convendría que la ley que venga a liberarnos no nazca, ella misma, de un trámite reservado.
VI. Colofón
El Código Aduanero necesita una reforma, y la necesita pronto. Pero merece una reforma a su altura: la de una obra colectiva, plural, discutida y corregida, que encontró en los mejores a sus redactores porque nadie pretendió ser el único.
Si la fotografía de 1981 ha envejecido, saquemos otra. Será, inevitablemente, una fotografía digital. No tiene sentido negar la realidad de la inteligencia artificial ni la asistencia que ya presta -y la mucho mayor que prestará- a la dinámica de los procesos: clasifica, coteja, detecta riesgos, ordena expedientes y le ahorra a todos un tiempo que el comercio no tiene. Bienvenida sea. Pero precisamente porque la máquina asistirá cada vez más, el nuevo Código deberá cuidar el lugar en el que la decisión sigue siendo humana. Ese lugar es la audiencia. La oralidad deja de ser, así, una mera técnica de celeridad para convertirse en la garantía de la intervención legítima del ser humano en la discusión jurisdiccional: la certeza de que alguien de carne y hueso escuchó, preguntó y se hizo cargo de lo que resolvió. Un algoritmo puede asistir a quien acusa, a quien defiende y a quien juzga; no puede reemplazar a ninguno de los tres.
Las fotografías digitales tienen, además, una ventaja sobre las de antes: se toman en un instante y admiten a todos en el cuadro. Sólo pido que, esta vez también, sea de grupo.
Por Mg. Christian Gonzalez Palazzo (Aduana News)

