Empresas y gobernadores sellaron en San Juan una alianza estratégica que busca acelerar inversiones a través del RIGI. La Cámara de Santa Cruz destacó la sintonía política para consolidar la actividad como un motor de divisas hacia el 2035
La proyección de exportaciones mineras que alcancen los 20.000 millones de dólares para el año 2035 dejó de ser un número aislado para transformarse en el eje de una nueva estructura institucional. En la provincia de San Juan, se formalizó un esquema de trabajo que integra al Gobierno Nacional con las provincias y el sector privado, buscando allanar el camino para las inversiones de gran escala. Este bloque, que cuenta con el respaldo de seis gobernadores y la Secretaría General de la Presidencia, intenta blindar a la industria bajo un formato de política de Estado de largo aliento.
La consolidación de este espacio busca “facilitar inversiones estratégicas y coordinar esfuerzos entre el sector público y privado”, según se desprendió de los lineamientos trazados en el encuentro. La presencia de mandatarios de provincias como San Juan, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa Fe otorga una capilaridad federal a un sector que suele lidiar con normativas dispares. Este alineamiento se produce en un escenario donde el Poder Ejecutivo impulsa herramientas directas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).
Verónica Nohara, presidenta de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), calificó la iniciativa como un paso fundamental para la previsibilidad del negocio. Para la directiva, el hecho de que actores tan diversos tengan hoy “una misma agenda en pos de esta industria” representa un cambio de paradigma en la articulación pública. La mirada empresarial se posa sobre la capacidad de este bloque para sostener el ritmo de crecimiento en un contexto global que demanda minerales críticos para la transición energética.
El andamiaje legal que sostiene este optimismo sectorial no se limita solo a los incentivos impositivos, sino que incluye cambios profundos en el marco regulatorio ambiental. La modificación de la Ley de Glaciares aparece como un factor determinante para la viabilidad de nuevos proyectos que hasta ahora encontraban frenos operativos. Estas reformas, sumadas al nuevo régimen de inversiones, configuran el escenario de crecimiento que las cámaras provinciales venían reclamando desde hace años.
Dentro de las jornadas de trabajo que se extendieron hasta el 8 de mayo, los representantes de las cámaras de todo el país pusieron el foco en la microeconomía de la industria. Nohara, quien también se desempeña como Country Manager de Minera Don Nicolas, enfatizó que la prioridad ahora es “eficientizar el desarrollo de proveedores” locales. La intención de las empresas es que el derrame económico de los grandes proyectos mineros se traduzca en una red de pequeñas y medianas empresas regionales más competitiva.
La capacitación técnica de la mano de obra surge como el otro gran desafío para afrontar el volumen de actividad que se avecina. Los líderes mineros conversaron sobre la necesidad de adecuar los programas formativos para que los trabajadores locales puedan ocupar los puestos que generará la industria. Esta “agenda conjunta” pretende que el desarrollo minero argentino no dependa de cuadros técnicos extranjeros, sino que fortalezca el empleo genuino en cada territorio.
El respaldo político explícito fue uno de los puntos que más impacto causó entre los ejecutivos presentes en San Juan. Para los referentes del sector, ver a los principales líderes del país otorgarle a la actividad un lugar de tanta relevancia resulta “muy movilizante”. Este acompañamiento institucional busca reducir la incertidumbre que históricamente afectó a los proyectos de capital intensivo, donde los plazos de retorno de inversión superan las dos décadas.
A pesar del entusiasmo corporativo, la efectividad de esta mesa dependerá de la capacidad de los gobernadores para armonizar sus intereses con los del Gobierno Nacional. La industria minera argentina reafirma su rol protagónico, pero entiende que la construcción de una política federal sólida es un proceso que recién comienza. El objetivo es claro: transformar el potencial geológico en una realidad exportadora que multiplique los ingresos actuales del país.
Fuente: La Opinión Austral
