La investigación judicial sobre maniobras con el dólar oficial durante el último cepo cambiario sumó nuevas pruebas que comprometen a empresarios, intermediarios y a un actual funcionario vinculado con la Casa Rosada.
Chats y audios hallados en el teléfono de Martín Migueles revelaron un esquema de presuntos sobornos de entre el 10% y el 15% para acelerar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira).
La causa es impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo. Según el expediente, las conversaciones muestran cómo operadores privados gestionaban aprobaciones exprés de importaciones a cambio de pagos en dólares calculados sobre el valor de las mercaderías.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es la rapidez con la que se habilitaban las Sira, entre 7 y 10 días, cuando los tiempos habituales podían superar los 90 o incluso 120 días.
Los chats sobre las coimas
En los mensajes incorporados al expediente aparece una conversación de marzo de 2023 entre Migueles y un contacto identificado como Ariel Germán Saponara, abogado que actualmente figura en Linkedin como personal de Presidencia de la Nación.
“¿Tenés algún contacto para liberar declaraciones de importación?”, preguntó Saponara en uno de los chats. Luego agregó que otro intermediario cobraba “el 15%” de comisión.
Migueles respondió que podía conseguir la aprobación “al 11 o 12%” y aseguró que las autorizaciones salían “al toque”.
En otro audio enviado al funcionario, el empresario explicó cómo obtenían ganancias con la operación: “Pasale 12 o 13 y nos ganamos un punto”.
La investigación sostiene que las maniobras involucraban importaciones de autoelevadores y repuestos por montos de hasta 54.600 dólares. En una conversación posterior, Migueles informó que la Sira ya había sido aprobada y dio una dirección en avenida del Libertador para entregar el dinero.
Otro tramo de la causa involucra a un contacto agendado como “Adriel La Plata”, identificado por la Justicia como Adriel Dono Miniot.
Allí, Migueles ofrecía agilizar permisos de importación para empresas grandes y hablaba de un costo del 11% para destrabar operaciones en una semana.
Después de enviar documentación societaria, el interlocutor respondió: “Billete cara grande jaja”, en referencia a dólares de alta denominación.
Para el fiscal Picardi, esos intercambios reflejan una estructura de intermediación y reparto económico destinada a influir en autorizaciones oficiales durante las restricciones cambiarias del gobierno de Alberto Fernández.
El rol de “Pipo” y el reparto del dinero
La causa también menciona a Héctor Ezequiel Caputto, alias Pipo, señalado como otro de los operadores del circuito.
En uno de los audios incorporados al expediente, Caputto detalla cómo se repartían las comisiones y cuánto dinero había que dejar adentro.
“Eso es lo que tenemos que pagar adentro nosotros”, afirmó al calcular el 15% de una operación vinculada a una Sira por US$ 54.600.
Los investigadores creen que existían más intermediarios todavía no identificados. En las conversaciones aparecen mencionados “Pato” y “La Señora”, quienes tendrían presuntos vínculos con áreas estatales relacionadas con la aprobación de importaciones.
Qué investiga la Justicia
La causa no sólo apunta a las autorizaciones de importación durante el cepo. También investiga una presunta operatoria para acceder a dólar oficial y venderlo luego en el mercado paralelo con ganancias millonarias.
En ese expediente aparecen mencionadas casas de cambio vinculadas a Migueles, Elías Piccirillo y otros financistas.
Tras levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó allanamientos y nuevas medidas de prueba para determinar qué funcionarios públicos intervinieron en la aprobación de las Sira cuestionadas.
La Fiscalía pidió además información a la Secretaría de Comercio para identificar quiénes autorizaron las operaciones bajo sospecha.
Fuente: La Voz
