Lo que sí puede ocurrir es que presionado por la necesidad de cumplir la meta de acumulación de reservas en lo que resta del año, el ahora ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, decida intensificar los controles sobre las importaciones.

Un informe de la consultora Sarandí, que dirige el economista Sergio Chouza, desarrolla la hipótesis de que el nivel de importaciones actual es incompatible con el de la actividad, y lo explica en función de un sobre-stockeo de insumos que estarían llevando a cabo las empresas para cubrirse de una eventual devaluación. “Si se recortan importaciones hasta niveles compatibles con el nivel de actividad actual, se podrían reducir aplicaciones por u$s13.500 millones en año, equivalentes a u$s1.125 millones mensuales”, plantea la consultora. El trabajo indica que “si se redujeran pagos por servicios (algunos sobrefacturados) y se acotara la formación de activos externos (FAE) de personas humanas, la cifra de ahorro potencial podría escalar hasta los u$s16.300 millones, o sea u$s1.360 millones mensuales”.

En cambio, el Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) advierte que el mayor cierre de las importaciones podría tener un efecto contrario al esperado. La explicación es técnica. “En el plano contable, la cuenta corriente positiva del balance de pagos, surge de exportaciones de bienes y servicios que superen a las importaciones. Pero, en términos económicos, ese superávit depende de que los ahorros totales domésticos se ubiquen por encima de la tasa de inversión. Aunque por contabilidad creativa se cumpla con los límites previstos para el déficit fiscal, si hay exceso de gasto público, menor ahorro y atraso cambiario, las consecuencias macroeconómicas no podrán evitarse”, explica el IERAL.