El argumento del Gobierno de aumentar la presión impositiva en aquellos casos de empresas con ganancias adicionales de $1000 millones equivalentes a US$10 millones (no se sabe a partir de qué momento y a qué valor de inventario) en el caso de los productos agrícolas choca con la realidad de los mercados.

En primer lugar, las exportaciones de trigo de la cosecha actual 2020/21 están cerradas, y en este caso no hubo ninguna ganancia inesperada pues no se pudo materializar. En el caso del maíz, las declaraciones juradas de ventas al exterior, DJVE, están muy condicionadas y, en la práctica, el sistema implementado por el Gobierno funciona como un cierre de los registros. Desde el 23 de febrero (22,507 millones de toneladas) al 13 de Abril (22,945 millones toneladas) los registros de exportación aumentaron en apenas 438.000 toneladas. Una cifra exigua si la comparamos con los volúmenes registrados en momentos que el mercado no tenía intervención estatal alguna.

Si consideramos un saldo exportable de 38 millones de toneladas, le descontamos el volumen ya declarado de 23,8 millones de toneladas, incluido el índice de registros máximo permitido, quedan todavía por registrar 14 millones de toneladas. Si los exportadores hubieran podido registrar nuevas ventas de maíz, asumiendo el 50% del volumen total pendiente de declarar, el Gobierno hubiera podido asegurarse el ingreso de US$ 450 millones en divisas y US$54 millones en concepto de retenciones.

En el caso del trigo, 1,5 millones de toneladas potenciales de ser registradas equivalen a US$126 millones de ingreso de divisas y US$ 22 millones de ingreso por retenciones. En cambio, aquellos productores que decidieron vender maíz mientras los registros estaban cerrados, sí han podido capturar la suba de los precios.

De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura, los productores de maíz vendieron casi 5,7 millones de toneladas entre el 23 de febrero y el 13 de abril. Sin embargo, la venta de maíz a un precio más alto no implica que estos productores hayan tenido alguna ganancia adicional e inesperada, pues esta depende del rendimiento que obtuvo el productor, la localización del campo, la distancia al puerto de entrega y el precio real recibido cuando se trata de venta disponible con pago contra entrega.

Si el Gobierno necesitaba de ingreso divisas adicionales y aumentar su recaudación de dólares, hubiera habilitado los registros de trigo y de maíz. Otro tema no menor, y fue muy bien clarificado en el informe publicado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) es que la medida anunciada por el Gobierno no parece considerar que el conflicto en la zona del Mar Negro encareció los costos de producción, con alzas en insumos, agroquímicos, semillas, fertilizantes y combustibles.

La caída de la oferta del Mar Negro y en la practica el cierre de sus exportaciones, con volúmenes del orden de los 135 millones de toneladas, entre trigo, maíz, cebada, avena y aceite de girasol, es una oportunidad para países como Estados Unidos, Brasil y la Argentina. En nuestro caso nuevamente estamos a contramano de las necesidades mundiales de alimentos, y el país pierde una excelente oportunidad de mostrarle al mundo su predisposición a ser solidario ante el riesgo que corre la seguridad alimentaria mundial

Fuente: La Nación